El general Rudy Ortiz Ruiz, comandante de la Quinta Brigada Militar de Huehuetenango, informó que el sobreviviente narró que todo comenzó la noche del lunes último, cuando él, Tomás, un hermano de este y otro hombre regresaban de la aldea Yolashap, Barillas, a donde habían ido a comerciar diversos productos.

Explicó que en el cantón Malpaís, un grupo de 50 vecinos les salió al paso y los obligó a detenerse.

Aseguró que los líderes comunitarios señalaron a los cuatro hombres de integrar una banda de estafadores que opera en la zona, por lo que fueron llevados a la escuela del lugar.

Los hombres y el menor fueron amarrados de las manos y vapuleados por la turba. En la madrugada de ayer, los líderes les hicieron un juicio comunitario y los condenaron a muerte por el supuesto delito.

Según Ortiz, el sobreviviente relató que pudo huir de la escuela y buscó refugio en un área donde logró contactar con las autoridades e informar sobre el hecho.

Los cuelgan

Las autoridades aseguraron que un informante contó que luego de la huida de uno de los sindicados, los otros tres hombres fueron golpeados hasta la muerte y luego llevados a un bosque cercano donde los colgaron de un árbol.

La turba, no conforme con eso, lanzó el vehículo de las víctimas en un barranco de unos 300 metros.

El Ejército y la Policía Nacional Civil encontraron los cadáveres colgados en la comunidad después de varias horas de rastreo por el área.

Según Vyron Herrera, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), en esa zona no hay viviendas a la orilla de la carretera, lo que facilitó que se concretara el linchamiento.

Herrera condenó el hecho, pues a su juicio no es la forma de hacer justicia. Dijo que en el lugar de los hechos se pudo comprobar la brutalidad y violencia utilizada por los victimarios.

Cándido López, alcalde de Barillas, aseguró que está frustrado y preocupado porque los niveles de violencia colectiva no bajan en su municipio, lo cual genera ingobernabilidad y da mala imagen.

Agregó que lo complicado de estos casos es que los vecinos que no participan en estos linchamientos son amenazados por quienes los promueven, para que no denuncien a nadie.

Érick Villatoro, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, condenó el hecho y señaló que solo refleja la vulnerabilidad de Guatemala ante los conflictos.

El gobernador Juan Solórzano aseguró que ha solicitado que se refuerce la seguridad en Barillas, y que ha pedido a varias instituciones gubernamentales y entidades civiles que apoyen en la prevención de linchamientos y la conflictividad social.