Prensa Libre

POR KAREN CARDONA

Un cálculo preliminar —la cifra exacta se determinará esta semana— evidencia un fraude de Q67 millones, aunque el contralor Carlos Mencos afirmó que investiga a nueve comunas más, denominadas por él “pequeños paraísos tributarios”, que a propósito no reportarían ingresos para obtener, también mediante engaño, unos Q27 millones.

Estas prácticas añejas les sirven a los jefes ediles para percibir más recursos del Estado, pero repercuten en una desigual distribución de los fondos que se destinan a los gobiernos locales —10 por ciento del presupuesto nacional—, opinan expertos de la CGC y del Ministerio de Finanzas.

Cada inicio de año, los 333 alcaldes deben presentar en el Instituto de Fomento Municipal (Infom) el reporte de la ejecución de su presupuesto, correspondiente al año anterior, a través de una declaración jurada.

El documento se utiliza para que la Comisión de Cálculo del Aporte Constitucional —integrada por la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan), el Ministerio de Finanzas, la Asociación Nacional de Municipalidades, la Asociación Guatemalteca de Alcaldes Indígenas y el Infom— determine cuánto le corresponde recibir a cada comuna durante el ejercicio fiscal siguiente.

No obstante, la CGC detectó en enero último que 11 corporaciones ediles manipularon la información sobre los recursos percibidos por concepto de boleto de ornato, Impuesto Único sobre Inmuebles y licencias de construcción.

“Restaron rubros y acreditaron otros de sus ingresos ordinarios; por ejemplo, se registran ingresos importantes por venta de boletos de ornato en diciembre, cuando todos sabemos que nadie compra su boleto en ese mes, sino en enero”, explicó Mencos.

Las municipalidades denunciadas son las de Cuilco, Santa Ana Huista, Santiago Chimaltenango y Nentón, en Huehuetenango; Zaragoza, Comalapa, Acatenango, San José Poaquil, Parramos y Chimaltenango, en Chimaltenango, así como Santa María Ixtahuacán, en Santa Rosa.

Por estimaciones preliminares, las 11 comunas denunciadas recibirían, en conjunto, unos Q67 millones durante el 2010, aunque la Comisión de Cálculo del Aporte Constitucional decidirá esta semana cuánto le corresponde a cada uno de los 333 municipios.

La Contraloría espera que con las denuncias que pesan sobre esas municipalidades se hagan los ajustes necesarios para que la distribución sea justa.

Lo niegan

René Marroquín, alcalde de Zaragoza, Chimaltenango, afirma que no ha sido notificado de la denuncia por supuesta manipulación de datos.

En tono molesto, el alcalde expresó: “No hemos mentido. Todo cuanto hemos presentado ha sido con la verdad. Esto no había pasado antes. Lo puedo probar”.

Belarmino Montúfar, jefe edil de la cabecera departamental de Chimaltenango, aseveró que tampoco le han notificado la denuncia: “Estoy tranquilo porque todo esto se trata de venganzas políticas. En la Contraloría hay venganzas contra mi municipalidad y otros alcaldes que nos hemos cambiado de partido político”, declaró.

Se intentó hablar, sin éxito, con los otros jefes ediles denunciados por la CGC.

Modo de operar

De acuerdo con el presidente del Infom, Roberto Alfaro, los alcaldes manipulan el informe de ejecución presupuestaria, con la asesoría de ex trabajadores del Infom, de la Segeplan y ex jueces municipales, quienes, debido a que saben cómo se manejan las finanzas de las corporaciones ediles, ofrecen sus servicios para alterar los estados financieros.

“Hasta hace poco había gente dentro de las municipalidades y del Infom que aprovechaban las debilidades del sistema. Antes no había herramientas electrónicas de control en las comunas y se valían de lo que se presentaba en papel; (el informe de la comuna) no podía ser rechazado ni comprobado”, explicó Alfaro.

“Paraísos tributarios”

Según Alfaro, además de alterar la declaración de ejecución, los alcaldes han optado por reportar que no han tenido ingresos.

La fórmula para el cálculo del aporte constitucional establece que si una municipalidad no percibe ingresos, entonces se aplica una fórmula inversa, con la cual se les asignan fondos para contrarrestar la pobreza que se refleja en la escasa recaudación.

El contralor reforzó las declaraciones de Alfaro y afirmó que a esos municipios se les conoce como “pequeños paraísos tributarios”, porque, en apariencia, no recaudan fondos por boleto de ornato, licencias de construcción o cualquier otro tipo de servicios.

“En esas localidades nadie paga nada”, refirió, entre risas, Mencos, como dando a entender que eso no es posible.

Pero estos casos, según las autoridades, serían más difíciles de denunciar, porque son políticas fiscales de cada municipalidad y así lo documentan.

“No podemos obligarlos a registrar ingresos, si no los han tenido”, indicó Mencos.

Falta de voluntad política

Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana (AC), opinó que varias municipalidades están rezagadas y hay mecanismos y herramientas que deberían implementarse porque existe obligación legal para usarlas.

“No es un problema financiero, sino falta de voluntad política que los alcaldes no usen las herramientas electrónicas de transparencia. Los estudios de AC dan cuenta de que las comunas más lejanas y más pobres son las que más y mejor usan los portales que sirven a la Contraloría para comparar los estados financieros”, expresó el analista.

En el fondo, el problema del financiamiento del presupuesto municipal es que no es descentralizado, sino que está sujeto a lo que determine el Gobierno central y, a la vez, controlador de la efectiva administración de los impuestos cobrados por las municipalidades, señaló Urízar.

Mientras la CGC espera que el MP les dé seguimiento a las denuncias, los alcaldes confían en que el Congreso apruebe las reformas al Código Municipal, que modificarían la fórmula de cálculo del aporte constitucional.