Las multas van de Q100 mil a Q25 millones y se clasifican en sanciones económicas, por Q52 millones; juicios de cuentas, por Q16.2 millones —que se resuelven en tribunales de Cuentas—, y denuncias en el Ministerio Público, cuando los auditores encuentran indicios de delitos por un acumulado de Q115.7 millones.

De acuerdo con la Ley de Probidad y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, todo candidato a un cargo de elección popular debe presentar un finiquito que demuestre que no tiene juicios de cuentas ni multas pendientes; es decir que muchos alcaldes que pretenden reelegirse no podrán participar mientras no paguen las multas.

Comunas están en la mira

Según la publicación de la CGC en el Diario de Centro América, de las 311 municipalidades, 309 tienen sanciones económicas, y entre estas destaca la de la cabecera de Chi-quimula, con 15 multas que suman Q2 millones cien mil.

También se cuenta la de Purulhá, Baja Verapaz, con 15 sanciones, por Q1 millón 451 mil, y la de Tucurú, Alta Verapaz, con 22, que suman Q5 millones 960 mil.

De las 311 alcaldías cuestionadas, 26 tienen formulaciones de cargos que deberán resolver en un tribunal de la Contraloría General de Cuentas.

Entre estas figura la de Antigua Guatemala, con un juicio por Q4 millones 300 mil, y la de Esquipulas, Chiquimula, con una formulación por Q1 millón 205 mil.

La comuna de La Democracia, Escuintla, tiene una formulación de cargos por un monto de Q2 millones 860 mil, y la de Olopa, Chiquimula, una, por la suma de Q524 mil.

Denuncias millonarias

La Municipalidad de Canillá, Quiché, es una de las que han sido denunciadas en el Ministerio Público y cuyas multas llegan a Q25 millones 549 mil, según el informe de auditoría.

Otro caso es el de Marco Aurelio Salsá Tay, alcalde de Santo Domingo Suchitepéquez, sindicado de falsedad material e ideológica y quien fue ligado a proceso por Juan Francisco López Zamora, juez de Primera Instancia Penal.

El juzgador le otorgó fianza de Q2 millones, pero debido a que no pudo pagar, permanece en prisión.

Falta profesionalización

Edy Cifuentes, consultor de gobiernos locales y ex secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades, expuso que muchas de las sanciones económicas que la CGC les impone a las comunas son consecuencia de la falta de profesionalización del personal que labora en las alcaldías.

“La mayoría de las sanciones no implica necesariamente una acción dolosa por parte de los alcaldes, sino, a veces, el descuido o desatención de los empleados o funcionarios municipales en la observancia del marco legal existente. Eso quizás sea la evidencia de la urgente necesidad de impulsar ahora, tal y como lo manda el Código Municipal en los artículos 93 y 94, un proceso sostenible de profesionalización de los funcionarios públicos”, expresó Cifuentes.