Prensa Libre

POR BILL BARRETO Y CORRESPONSALES

Como consecuencia de esa insalubridad, en el 2011 se registraron alrededor de 378 mil casos de diarrea, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. Pese a lo extenso de los reportes sobre contaminación, solo 45 expedientes administrativos se tramitaron ese año.

En el 2001 se recibían solo una o dos denuncias contra entidades proveedoras de agua. Aunque ello ha aumentado, expertos coinciden en que la población sigue sin exigir el cumplimiento de la legislación que obliga a clorar el agua.

Derecho vulnerado

El acceso a líquido entubado es reconocido por las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental.

Varias comunas incumplen con el mandato establecido en el artículo 68 del Código Municipal, que ordena a las comunas proveer “agua potable debidamente clorada”.

El líquido contaminado y la falta de acceso a ese servicio son los principales factores de riesgo para contraer enfermedades intestinales, aseguróÉdgar Santos, director del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud.

El Programa de Vigilancia de Agua, de la referida cartera, reporta que solo el 30 por ciento de los sistemas de agua cumple con la cloración.

“Es atribución de las entidades distribuidoras, en su mayoría municipalidades, garantizar que el agua sea apta para el consumo”, recordó Francisco Morales, responsable del Programa.

Riesgo

Estudios del área de Salud de Quetzaltenango establecen que de 24 municipios, solo en la cabecera, Olintepeque, Sibilia, San Carlos Sija, Coatepeque, Palestina de los Altos, La Esperanza y Salcajá clorifican el agua, y solo en el caso urbano.

Ana Barrios, residente de Siquinalá, Escuintla, indicó que el agua que consumen en su comunidad está contaminada por desechos sólidos y aguas residuales.

De 185 sistemas de agua en Escuintla, solo en 25 se encontró cloro, informó el delegado departamental de Saneamiento Ambiental, Édgar Barillas.

“La cloración es algo que no se ve y que no da muchos votos. Muchas municipalidades lo hacen y luego lo dejan por un tiempo”, añadió Santos.

La cloración es una medida preventiva que se debería aplicar en todas las comunas, afirmó el director del Programa de Vigilancia Epidemiológica, Édgar Santos.

Diarreas bacterianas e infecciones intestinales son frecuentes a causa del consumo de agua contaminada. Las heces son el principal foco de infección para los afluentes, por la falta de plantas de tratamiento de aguas servidas.

Según estudios del Ministerio de Medioambiente, el 95 por ciento de las aguas servidas del país no reciben ningún tratamiento y son vertidas en los ríos.

Ausencia de control

El artículo 22 del acuerdo gubernativo 113-2009 establece que los prestadores de servicios de agua están obligados a solicitar al Ministerio de Salud la emisión de un certificado de calidad del líquido, el cual tiene validez de seis meses, y se debe renovar en forma periódica.

Sin embargo, Salud no cuenta con un registro unificado del cumplimiento de esa norma.

“Las autoridades locales son las responsables del proceso”, dijo Gustavo Cano, asesor legal del Departamento de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud.

Los inspectores de saneamiento ambiental son los encargados de verificar el cumplimiento de esas normas, pero su trabajo muchas veces se ve obstaculizado por las autoridades locales.

“Aunque se vigilen los sistemas, no se les pueden proporcionar los insumos a las entidades abastecedoras para que garanticen el servicio”, señaló Morales.

En general, autoridades ediles arguyen falta de recursos para esa labor. Pese a esas limitaciones, el 1 por ciento del impuesto IVA-PAZ es asignado a las comunas para la cloración. Lo recaudado en el 2011 por ese tributo alcanzó Q1 mil 895 millones.

En algunos casos, la misma población desconoce que se debe tratar el agua entubada.

“En Sibinal, San Marcos, la gente nos sacó corriendo; agarraron machetes y tuvimos que desistir de implementar un proyecto en ese lugar”, afirmó Cano.

El asesor jurídico del Departamento de Salud y Ambiente comenta que se requiere del apoyo local, mediante el respaldo de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, para concienciar a la población sobre los beneficios de esa medida sanitaria.