Prensa Libre

POR MANUEL HERNÁNDEZ

“Cuando nosotros entramos a analizar este procedimiento tuvimos una serie de visitas —de personas— que hacían denuncias, como que el proceso no había sido transparente y que carecía de la capacidad y la posibilidad para que la mayor parte de las empresas pudiera competir”, señaló Centeno.

El funcionario afirmó que les pareció raro que el proceso se haya empezado cuando el gobierno anterior estaba por entregar el poder y pese a que el entonces presidente electo, Otto Pérez Molina, les había pedido a las autoridades salientes abstenerse de efectuar esas compras.

“A pesar de ello se implementó este tipo de procesos de medicamentos de contrato abierto”, dijo el ministro.

Centeno aseguró que entre los motivos para rescindir los contratos está que se obligaba a las entidades estatales a presentar inventarios y listados de consumo a los proveedores, sin que eso esté contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

También se obligaba al Estado a reconocer y pagar intereses moratorios a los proveedores por atrasos en los pagos; se contemplaba un mecanismo distinto al exigido en la Ley de Contrataciones del Estado para la importación de medicamentos.

También, porque no se respondió a preguntas técnicas de otros oferentes y solo se informó de la negativa horas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

“Todas esos puntos enmarcan que el proceso no era para un contrato abierto. Aceptar el pago de intereses no es legal, porque no está establecido en la Ley de Contrataciones”, explicó el funcionario.

“Además, se contemplaba un mecanismo distinto a lo establecido en la normativa para la importación de medicamentos y, por último, que no se dieron respuestas a las más de 65 inconformidades en cada uno de los cuatro procesos”, refirió Centeno.

Descarta anomalías

La presidenta de la Gremial de Farmacéuticos adscrita a la Cámara de Industria, Judith de Lammens, manifestó que es improcedente que el ministro de Finanzas haya anulado las licitaciones.

“Consideramos que es improcedente rescindir los eventos de contratos abiertos, pues no existe fundamento legal, ni irregularidades ni deficiencias en las bases ni lesividad para el Estado”, afirmó De Lammens.

“Estos eventos permitirán el reabastecimiento del sistema de Salud y coadyuvarán al cumplimiento de los deberes del Estado. No sabemos quién le dio la información al ministro, pero la versión de que estos eventos eran lesivos no es cierta”, aseguró la directiva.

Garantiza abastecimiento

La decisión de rescindir las licitaciones de los contratos abiertos no pone en riesgo el suministro de productos medicinales y farmacéuticos para el sistema de salud nacional, ya que existen prórrogas vigentes en adquisiciones similares que vencen en julio y noviembre de este año, expresó Centeno.

“Les hemos recomendado al Ministerio de Salud, al de la Defensa y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que presenten nuevas solicitudes de concurso, en las que se permita a los oferentes autorizados volver a participar”, afirmó.

Faltan cambios

El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, manifestó que la figura de contrato abierto fue desnaturalizada, con lo cual se perdió el objetivo de su creación, por lo que ve necesario que el gobierno trabaje para una nueva regulación de estos.

“El contrato abierto es un instrumento que beneficia al Estado, pero en Guatemala se ha viciado de tal manera que ya no produce los resultados, que es comprar productos más baratos”, dijo Marroquín.

El experto expuso: “Las unidades ya no compran del listado de contrato abierto, y esa práctica ha representado para el Estado una pérdida de recursos impresionante”.

Indicó que si el Gobierno quiere hacer algo serio debe ordenar el contrato abierto, lo que “se puede hacer con voluntad política”.

Actuaciones de la Junta

El 1 de febrero, a las 19.15 horas, la Junta de Licitación adjudicó unos 615 productos médicos y farmacéuticos identificados con los números 6-2011, 7-2011, 8-2011 y 9-2011 de concursos de contratos abiertos, a pesar de distintas quejas presentadas por los oferentes, las cuales no fueron atendidas.

La empresa farmacéutica Lanquetin intentó frenar las referidas licitaciones con la presentación de cinco amparos, pero ninguno fue declarado con lugar.