Prensa Libre

POR CLAUDIA ACUñA Y LEONARDO CERESER

Allegados al ex candidato a la presidencial por la Gran Alianza Nacional que pidieron el anonimato expresaron que el político realiza esa protesta en rechazo a lo que califica una acusación sin argumento, ya que es parte de una persecución política.

Rudy Esquivel, portavoz del SP, dijo ayer que a pesar de que los horarios de alimentación han sido respetados, el personal de la cárcel instalada en la Brigada Militar Mariscal Zabala informó que Giammattei no ha ingerido alimentos.

El ex presidenciable se declaró en huelga de hambre el viernes último, alrededor de las 14 horas, cuando abandonó la sede diplomática de Honduras, y calificó su detención como persecución política.

“Hasta ahora —mediodía de ayer—, en el caso particular a él —Giammattei— se le brindan los alimentos obligatorios en los tiempos adecuados, pero no ha procedido a ingerirlos”, refirió Esquivel.

Añadió que los exámenes médicos practicados al ex funcionario no reportan alteraciones en su salud.

“Esta situación se hará de conocimiento de la PDH —Procuraduría de Derechos Humanos— para que presten acompañamiento al caso”, afirmó el vocero.

En cuanto a las visitas, comentó que los controles de seguridad están a cargo de la referida brigada, y que al igual que cualquier recluso tiene derecho a visitas, aunque se debe respetar el protocolo de seguridad, para reducir riesgo, puesto que es considerado de los “reos vulnerables”.

Añadió que comparte celda con otros dos presos, no identificados para privilegiar su seguridad.

Los hechos

Giammattei deberá comparecer ante la jueza Patricia Flores, en el Juzgado de Alto Riesgo, el próximo martes, a fin de rendir su primera declaración por la sindicación del Ministerio Público.

El 25 de septiembre del 2006, Giammattei fungía como director del SP y supuestamente participó en la planificación, coordinación y ejecución del plan Pavo Real, mediante el cual las autoridades retomaron el control de la Granja de Rehabilitación Pavón, tras 10 años de permanecer en poder de los reos.

Ese día murieron siete reclusos del Comité de Orden y Disciplina, que tenía reprimida a la población de ese lugar.

Los cabecillas exigían a los presos cuotas para permitirles trabajar u obtener algún beneficio. Además, en esa prisión se presume que escondían a víctimas de secuestros, se coordinaban extorsiones y se procesaba droga que era vendida en ese penal, entre otros crímenes.

Ejecuciones extrajudiciales

Una investigación de la PDH determinó que la muerte de los reos en cuestión, incluido un líder colombiano, se trató de ejecuciones extrajudiciales.

Por esos hechos son señalados Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación; Erwin Sperisen, ex director de la Policía Nacional Civil (PNC); Javier Figueroa, ex subdirector de investigaciones de la PNC; y María Melgar, ex secretaria del asesor antisecuestros Víctor Rivera, quien fue ultimado en el 2008.

Flores ligó a proceso por este caso a cuatro ex policías y civiles por ejecución extrajudicial y asociación ilícita, entre ellos, Roberto García Fresh, brazo derecho de Giammattei, ex subdirector de Seguridad Operativa del SP.