Sin embargo, después de una investigación y documentos a los cuales Prensa Libre tuvo acceso, se estableció que mientras Gobernación licitaba compra de chalecos blindados y uniformes con la Industria Militar, también efectuaba compras directas a por lo menos 16 empresas y personas particulares por los mismos productos.

Al corroborar los datos de esas entidades en el Registro Mercantil y acudir a cada una de las direcciones que figuran como sede social de esas empresas, se estableció que por lo menos 10 no aparecen físicamente, pues en la sedes se localizan tiendas u otros negocios, son cuartos de alquiler o casas particulares.

En las otras seis entidades que sí tienen sede social, sus representantes legales coinciden en asegurar que ellos entregaron los productos a Gobernación, que poseen los documentos que avalan la entrega a la Unidad de Apoyo Logístico y explican que ignoran el destino final de los artículos.

Además, señalan que cuando asumió Carlos Menocal como ministro, no se pagaron compras de algunos de los productos, y otras adquisiciones quedaron en suspenso mientras se investiga.

Copias de los Comprobantes Únicos de Registro (CUR) emitidos por el Ministerio de Finanzas dan cuenta de pagos recurrentes por cifras menores a Q100 mil, para obviar la Ley de Contrataciones, en los cheques. Hay documentos por Q97 mil, Q99 mil, Q89 mil 250, Q99 mil 750 y Q88 mil.

Esos pagos se entregaban a esas empresas por cada compra efectuada, y en algunas oportunidades Gobernación hacía cinco a siete adquisiciones.

Una auditoria interna en Gobernación ha dado como resultados preliminares que parte de esos productos supuestamente no llegó a manos de los policías o guardias del Sistema Penitenciario a quienes estaban designados.

Prensa Libre también consultó a agentes de los diferentes distritos, quienes aseguran que los objetos nunca fueron entregados, hecho que ya había sido denunciado en la primera actividad de Gobernando con la Policía, en febrero último.

Una de las características comunes en las compras es que se basaron en los decretos 72-2008 y 27-2009, los que dejan la puerta abierta para que no se informe a Guatecompras sobre los métodos y detalles de la adquisición de los bienes, pues se usa el rubro de “compra directa”.

Esas prácticas se dieron durante las administraciones de Salvador Gándara, quien tiene más de 23 procesos en su contra; entre ellos, pesquisas por lavado de dinero.

Otra de las personas que siguió con dicha práctica fue el ex ministro Raúl Velásquez, quien está prófugo por su vinculación en la estafa a la Policía en la compra de combustible.

Los procedimientos se repitieron desde el 9 de enero del 2009, fecha en que Gándara asumió el cargo en Gobernación. Después, fue sustituido, el 9 de julio del 2009, por Velásquez, quien fungió hasta el 28 de febrero del 2010, cuando es relevado porque se estableció que se benefició con parte de los fondos que el Estado le entregó a Proyectos Maskana, S.A., para la compra de vales de combustible para la PNC.

Pero algunas de esas empresas no son ajenas al Estado, pues también han entregado productos a la Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Fomento Municipal.

En la primera evaluación hecha por Menocal, en marzo último, señaló que detectó irregularidades en varias compras de objetos que no tienen relación con la institución o en las que figuran empresas sin certeza jurídica.

“Uno de los casos que no tiene sentido o lógica es la compra de 18 mil almohadas por año, o ropa que no son uniformes”, comentó.

Las investigaciones arrojaron

que empresas que fabrican pantalones, suéteres o botas no tenían respaldo.

Proveedores

Uno de los supuestos proveedores del Estado es Guillermo Gutowski, quien en el Registro Mercantil aparece como representante legal de dos sociedades y es propietario de dos empresas, pero en ninguna se le localizó.

Al visitar cada casa, esto fue lo que se localizó: en la 18 avenida A 0-50, zona 15, Vista Hermosa 2, casa 4, Las Jacarandas, personal de seguridad dijo que allí no había empresas ni personas con ese nombre. Similar respuesta se obtuvo en la 13 calle 1-51, zona 10, así como en la 1a. calle 50-77, zona 2, colonia Molino de las Flores.

Según Finanzas y Guatecompras, solo en el período de Velásquez se le otorgaron Q1 millón 576 mil 578.76. Esto se corroboró con los 16 CUR que avalan el pago por la adquisición de batones, raciones frías y equipo antidisturbios.

Otro de los proveedores es Jorge Humberto Juárez Lima, quien es administrador de Suministros Materiales y Accesorios, además de ser dueño de las empresas Venvar y Comercial JJ.

En ninguna de las direcciones reportadas se localizaron las empresas, e incluso una de las direcciones es un edificio de apartamentos y comercios.

Esta persona supuestamente vendió chalecos fluorescentes color naranja para la PNC, chaquetas, pochos de lana y edredones para las comisarías.

Según los CUR, desde Gándara hasta Velásquez se le dio pago de Q842 mil 926 por esos productos, pero las empresas no están en las sedes inscritas.

Además, la Sosep le compró 900 planchas y 40 termos para entregar a familias en pobreza.

Ropa de cama y suéteres

En la lista de empresas también figura Suministros Industriales y Comerciales, constituida en el 2009 y cuya sede es la 31 calle A 1-27, colonia Lomas del Sur, San José, Villa Nueva.

Esa empresa supuestamente vendió ropa de cama de medida imperial para comisarías, suéteres y ponchos de lana.

Prensa Libre en dos oportunidades buscó la versión de los dueños en esa dirección, pero nadie atendió, y solo se localizó una casa particular. En total, a esa entidad se le pagaron Q368 mil 992.

Otra entidad es Multinegocios Diana, constituida en el 2006 y cuya dueña es Diana Patricia Pérez Hernández, a quien le aparece como sede el lote 297, manzana 14, colonia Maya, zona 18, pero allí se localiza una casa particular.

Guadalupe Godínez, quien vive en esa casa, indicó que Pérez sí es la dueña, pero que allí nunca ha funcionado ninguna empresa.

El único negocio ha sido con Gobernación, con quien obtuvo tres contratos por compra de edredones, ponchos y chaquetas por Q298 mil 922.

Multirrepuestos Bocanegra, creada en el 2008 y cuyo propietario es Donald Giovanni Lima Bocanegra, quien reporta como dirección la 3a. avenida 5-49 de la zona 1, donde se localiza un edificio de apartamentos.

Solo a esa entidad se le entregaron Q1 millón 604 mil 548.35, del 19 de marzo del 2009 al 29 de enero del 2010, por compra de motores de arranque para los picops de la PNC, llantas, juego de pastillas, repuestos y accesorios para autos y motocicletas, y cojinetes.

En la lista de proveedores también aparece Yelitza Albany Arriaga Rivas, quien del 20 de marzo del 2009 al 22 de septiembre del 2009, Finanzas reporta un desembolso de Q591 mil 25 por la compra de bolígrafos con el logo de la PNC, cintas amarillas para la escena del crimen y chalecos tipo comando, pero en el Registro Mercantil no le aparece registrada ninguna empresa, y tampoco figura como socia o mandataria de alguna sociedad.

También se buscó a los representantes de la entidad Proximidad, quienes supuestamente dotaron a Gobernación de equipo antidisturbios por un monto de Q792 mil durante la administración de Velásquez, pero la dirección que inscribieron en el Registro Mercantil es la 12 calle 2-04, zona 9, edifico Plaza del Sol, oficina 317, donde existe otra empresa.

Además, está la entidad Compañía Industrial y Comercial Latinoamericana, S.A., quien aparentemente vendió capas impermeables por Q490 mil, pero en el lugar solo hay una casa particular.