Aunque en  la administración del Partido Patriota (PP)  no se han judicializado casos, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha presentado 30 denuncias penales y cinco mil 95 sanciones pecuniarias que suman Q673 millones, por supuestos malos manejos de recursos del Estado.

Gestión eferregista

Aunque varios de los señalados por diversos casos de desfalco durante la administración del FRG han sido llevados a juicio, en muchos  casos los sindicados  han sido declarados  inocentes, y  solo en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se logró recuperar Q300 millones de los Q370 millones defraudados.

El caso más fuerte  es el del Ministerio de la Defensa, en el que se presume que fueron saqueados Q906 millones del  2000 al  2004.

De acuerdo con  informes de la Contraloría General de Cuentas (CGC), en ese período la institución armada recibió Q5 mil 272.8 millones en transferencias y  se estableció que Q906 millones fueron malversados. La ejecución secreta  de los fondos   se justificó   en el Secreto de Estado —artículo 30 constitucional—.

Por estos hechos, unos 32 militares fueron implicados, entre ellos el exministro de la Defensa Eduardo Arévalo Lacs y el propio expresidente Alfonso Portillo.

Ambos fueron absueltos en mayo del 2011 por un tribunal, pese a que, según pesquisas del Ministerio Público (MP), ambos participaron en el millonario desfalco y facilitaron el desvío de Q120 millones, dinero del cual no se tiene rastro.  

Jacobo Esdras Salán Sánchez depositó una fianza de Q3 millones en marzo del  2011 para recobrar su libertad, pero fue declarado culpable el  6 de junio último, junto al también exmilitar Napoleón Rojas. Ahora procede un juicio civil para intentar la recuperación de los fondos, cuyo paradero se desconoce.   

En el seguro social

Por el desvío en el IGSS   fueron condenados el exgerente de esa institución, el ex vicepresidente Jorge Mario Nufio Vela. También fue procesado   el expresidente de  esa institución Carlos Rodolfo  Wholers Monroy, quien fue absuelto por   el Tribunal Undécimo de Instancia Penal —expediente judicial 5426-2003—, pero  en casación fue condenado por  peculado —cuando un funcionario sustrae o permite el desvío de fondos públicos—, el 22 de julio del  2011, según consta en el expediente de casación 424-2010.   

Otros desvíos

Otras instituciones desfalcadas fueron el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), en el cual se desviaron Q9 millones. Por este hecho fue juzgado y absuelto el ex fiscal general Carlos de León Argueta, a quien le aparecen en el Organismo Judicial (OJ) 47 demandas penales, unas como sindicado y otras como agraviado.

El Ministerio de Gobernación también fue objeto de saqueo, y de acuerdo con  pesquisas del MP y como consta en expedientes judiciales, se desviaron Q81 millones.

Por estos hechos fue condenado el exministro de la cartera del Interior Byron Barrientos Díaz, pero nadie respondió por la restitución de los recursos.

En el Estado Mayor Presidencial se malversaron Q244 millones, y en  la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, Q4.6 millones.  

En la Contraloría General de Cuentas (CGC) se perdieron Q5 millones,  por lo que fue sentenciado el excontralor Óscar Dubón Palma,  y  en el Ministerio de Finanzas Públicas lo malversado fueron Q28 millones. En este caso fue sentenciado Eduardo Weymann, exministro de Finanzas, y el ex superintendente de Admistración Tributaria Marco Tulio Abadío.

Reintegro  

Lizandro Acuña, experto en temas judiciales del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), aseguró  que es el MP el encargado de solicitar a  los tribunales que los fondos desviados sean devueltos por los sujetos procesales condenados, porque  “después del proceso de condena la persona está obligada a reintegrar el capital desfalcado con intereses incluidos”.

Subregistro

De acuerdo con  Jorge Benavides, investigador para la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), existe un subregistro de casos de corrupción, pues pocos logran llegar a los tribunales de justicia. “La Fiscalía contra la Corrupción cuenta con pocos recursos y personal, por lo que los procesos que son investigados se basan en los informes que presenta la CGC. Esta institución trabaja mediante muestreos y el alcance no es tan riguroso”, indicó.  

Acuña refirió que aún en el caso hipotético de que la fiscalía investigara la totalidad de casos de corrupción existentes, el sistema judicial se vería sobrepasado y no podría darse abasto. Recomienda fortalecer las normas de calidad del gasto y la certificación de proveedores.

Q147.8 millones perdidos

Desfalcos y fraudes en administración UNE

Durante el gobierno de la Unidad  Nacional de la Esperanza (2004-2008),  unos Q147.8 millones fueron desfalcados, según procesos judicializados consultados. Uno de los casos más sonados fue el desfalco de Q82.8 millones  del Congreso de la República que fueron trasladados a la casa de bolsa Mercados de Futuro. La Fiscalía recibió una denuncia por este hecho el 4 de julio del 2008, y fue hasta el 2 de octubre del 2012 cuando se condenó  al expresidente del Congreso Eduardo Meyer y al exgerente de la mencionada casa de bolsa Raúl Girón.

Al primero se le impusieron tres años de prisión conmutables, mientras que al segundo se le condenó a 24.   Otro caso fue el referente a la compra de vales de combustible por Q40 millones que el 19 de septiembre del 2009 fue atribuido  a la empresa Proyectos  Maskana, según la causa 0170-2010-00309. Por este hecho fueron sentenciados el exdirector de la Policía Nacional Civil Baltazar Gómez Barrios a cinco años de prisión. El exministro de Gobernación Raúl Antonio Velásquez aún enfrenta proceso por  abuso de autoridad, concusión y lavado de dinero.

Durante el 2009, el Ministerio de Gobernación firmó un convenio con la empresa Fundtech para remodelar la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. La compañía en mención a su vez contrató a la empresa Serdiconstru. Los trabajos de remodelación ascendieron a Q17.5 millones. Por este hecho se encuentran implicados los exministros  de Gobernación Salvador Gándara y Raúl Velásquez.

Además, este último  fue condenado a tres años de prisión y al pago de Q2 millones.

La Fiscalía contra la Corrupción vinculó a proceso penal a Gloria Torres  y sus hijas María Marta  y Christa Eugenia Castañeda Torres. Ellas son sindicadas de haber  creado  una red que defraudó a 16 municipalidades, por Q7.5 millones.

EN EL GOBIERNO DE LA GANA

Una obra que generó dudas

El 10 de diciembre del 2007 fue inaugurado por el entonces presidente de la República  Óscar Berger el aeropuerto La Aurora. Los trabajos de remodelación tuvieron un costo de US$120 millones.

Los trabajos estuvieron marcados por retrasos y cuestionamientos de transparencia en la ejecución de los recursos y señalamientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La manzana de la discordia fue el hecho de que los fondos empleados  fueron transferidos por el Gobierno  a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), entidad que se encargó de asesorar la construcción.

Para financiar  la obra, la administración de la Gran Alianza Nacional (Gana) hizo transferencias millonarias de los ministerios de Educación y Gobernación, lo cual fue altamente cuestionado. A pesar del impacto social de la obra, el caso no  pudo ser llevado a la torre de Tribunales.