Prensa Libre

POR BILL BARRETO Y CORRESPONSALES

Pero no en todas las regiones del país se acepta al Ejército en operativos contra la criminalidad, como parte del Plan “Interdicción”, que inició el viernes último, con más de siete mil uniformados y 190 agentes.

El presidente Otto Pérez Molina aseguró que esta medida traslada “confianza a la población” y se “manda la señal de que estamos dispuestos a atender lo principal”, al referirse a su promesa de garantizar seguridad.

Julio Mendoza, alcalde indígena de Sololá, expresó que en su municipio es difícil recibir la presencia militar por las reservas que tiene la población debido al recuerdo del conflicto armado.

En cambio, vecinos de Jalapa manifestaron sentirse más seguros con el apoyo de los soldados en los puestos de control, y pidieron que se respete la Constitución y no se revisen los vehículos sin causa justificada.

Reacción al temor

Para el sociólogo Héctor Rosada, el consentimiento por parte de la población a los operativos militares obedece a dos causas: el alto índice de criminalidad y una percepción elevada de los niveles de inseguridad.

“Hay una sensación de indefensión y temor en la población”, situación que según Rosada ha generado una reacción del Gobierno con su recurso más a la mano: el Ejército.

Emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de combate del delito “es una salida fácil”, expresó Rosada, para quien estas acciones deben ser un recurso coyuntural y no permanente.

La pérdida de control del Estado sobre la población y la indolencia de las instituciones públicas, luego de las políticas contrainsurgentes, generan las condiciones para este tipo de acciones, aseguró el historiador y sociólogo, Luis Pedro Taracena, director del Instituto Internacional para la Reconciliación Nacional.

Los patrullajes deben aumentar para reducir la oportunidad de cometer delitos, indicó Oswaldo Samayoa, directivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, y pidió que esta tarea sea asumida por la PNC.

Al asignar estas atribuciones al Ejército, por encima de la Policía, impide que crezca “la imagen de autoridad de la PNC”, expuso Samayoa.

Recursos disponibles

Entre mil y mil 200 soldados participan en puestos de control, así como seis escuadrones, que suman otros tres mil en patrullajes. Cada soldado representa un gasto mensual de Q15 mil, para un total de Q6.3 millones al mes, según fuentes de Defensa.

La asignación de recursos de manera permanente en Defensa para estas tareas podría evitar el fortalecimiento de la PNC, afirmaron los analistas consultados.