Prensa Libre

POR ANA LUCÍA GONZÁLEZ

El excandidato a la alcaldía capitalina desafía a sus críticos a juzgarlo por el resultado de su gestión, la cual se centrará en proyectos de ampliación de las principales carreteras, concluir caminos regionales y transparentar el gasto, para que sea más efectivo y se note la inversión.

¿Ha recibido críticas por estar al frente de esta cartera sin ser ingeniero civil?

Más que un técnico, en este ministerio se necesita una visión clara, la energía y capacidad de articular un proyecto; además, la actitud de no caer en el clientelismo político. Estoy ad hoc en la posición, los resultados son los que mandan.

¿Cómo encontró el Ministerio de Comunicaciones?

Con un desorden administrativo, financiero y técnico muy grande. En cifras: Q3 mil 300 millones en deuda de obra contratada y ejecutada; cerca de Q6 mil 800 millones en deuda contractual; además, una deuda no reportada de cerca de Q1 mil millones del Fondo de Solidaridad, y Q400 millones de deuda en el Foguavi (Fondo Guatemalteco de la Vivienda).

En total, Q12 mil 500 millones. La deuda histórica más grande vista en un ministerio. Aparte, los datos de Covial y Caminos no concuerdan. Esto nos ha obligado a hacer una auditoría interna: administrativo-financiera, técnica y legal, que nos permita deducir responsabilidades.

¿A qué atribuye el desorden?

No hubo planificación ni lógica al iniciar la inversión en ciertos tramos carreteros. Rutas tan importantes como la CA-2 Oriente y Occidente no tuvieron mantenimiento y tampoco se repararon puentes. El año pasado, el Ministerio invirtió cerca de Q7 mil millones, y en cuatro años, Q25 mil millones, pero se abrieron muchos frentes de trabajo en vías secundarias y caminos rurales asfaltados, en los cuales se entregaba un anticipo y nunca más se les volvía a dar recursos.

¿Lo atribuye a una lógica de campaña electoral?

Más que eso, era dar un anticipo que permitía cobrar una comisión a quien hubiera gestionado el proyecto.

¿A cuánto asciende el presupuesto del Ministerio?

Es de Q4 mil 500 millones, de los cuales Q796 millones son para Covial, Q1 mil 400 millones para Caminos y Q720 millones de fondos externos para proyectos específicos. El presupuesto de inversión será de unos Q2 mil 900 millones.

¿Qué va a hacer con Caminos?

Vamos a dedicarnos a reiniciar trabajos en 20 o 25 frentes; no más, porque los recursos son escasos. La función este año es terminar proyectos estratégicos para el país, como la reactivación de la obra Siquinalá-Cocales, que está abandonada.

Segundo, Chimaltenango- Tecpán Guatemala-Cuatro Caminos. Hacen falta 20 kilómetros en varios tramos, porque no ha habido supervisión ni recursos.

Tercero es la recuperación del tramo Milpas Altas–Antigua Guatemala, por ser una ruta turística importante. Por último, pero no menos importante, el de Barberena, fundamental para el comercio y el tránsito.

Continuamos con la construcción de dos puentes importantes: Beatriz de la Cueva —Santa Rosa— y San Francisco —Mazatenango—, más ocho puentes clave destruidos.

¿Qué planes tiene respecto de los megaproyectos?

No me gusta llamarlos así, porque con esa palabra pareciera que están condenados a no llevarse a cabo. Prefiero llamarlos proyectos importantes.

Está por terminar la Franja Transversal del Norte, que tiene 60 por ciento de avance; segundo, la carretera entre Cocales y Tecún Umán, para ampliarla a cuatro carriles y construir 76 nuevos puentes. Ahí circula mucho comercio e industria de Centroamérica hacia México, y viceversa. Tiene un financiamiento muy avanzado con el Banco Nacional de Desarrollo Brasileño y una contrapartida del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Además, existe el interés de empresas internacionales importantes para el tramo carretero de la CA-2 Oriente hacia la frontera Pedro de Alvarado. Se ha dicho a los inversionistas que ellos deben venir con su financiamiento y trabajar a través de las alianzas público-privadas.

En la ruta al Atlántico, los taiwaneses tienen el compromiso de concluir hasta Sanarate la ampliación a final de este año.

Además, con la cooperación taiwanesa y la contrapartida nacional, vamos a iniciar la ampliación a cuatro carriles del tramo Sanarate-El Rancho. El último gran esfuerzo será lograr financiamiento para la carretera El Rancho-Santo Tomás.

Con esta meta, buscamos unir puerto a puerto, frontera a frontera, y convertir el país en un gran centro logístico en la región.

Otro proyecto postergado es el Anillo Metropolitano.

Hay que reactivar el estudio. Los retos son grandes, porque el trazado ya cambió; la capital y los municipios han crecido. Además, los derechos de vía se encarecieron por la especulación de la tierra. Esto hace replantear el trazo original.

Hay una crítica constante hacia la calidad de las obras. ¿Qué piensa hacer en eso?

Vamos a ser estrictos con las supervisoras de empresas. Paralelo a eso, hay tres grandes acciones. Con la Cámara de la Construcción y la Gremial de Contratistas se firmará un convenio por la transparencia; luego, un convenio de normas técnicas. Solicitamos apoyo a la Embajada de Chile, para ayudarnos a crear una unidad de normas técnicas, para que todas las carreteras y puentes cumplan con normas de calidad.

Y por último, elevar la Dirección de Precalificados a superintendencia. Ahora es un cuarto donde no hay protocolos de información, solo corrupción.

¿Qué hay del Listado Geográfico de Obras, donde diputados se adjudican proyectos para su beneficio?

No vamos a permitir la entrega de obras por favores políticos. Son instrucciones del presidente.

¿Buscaría ser candidato a la Presidencia del país?

Tengo el interés y deseo de continuar una carrera política. Dónde será, lo dirán los resultados del trabajo en el Ministerio, la población y el partido.