Ambas instituciones plantearon un desistimiento parcial a su pretensión de revisar la forma de como se emitió el fallo en el juicio contra el exmandatario, quien fue absuelto por el desvío de Q120 millones en el Ministerio de la Defensa, en el 2001, durante su gestión.

Tanto la Cicig como el MP solicitan en su memorial que la Sala condene a Portillo por el delito de peculado.

Sin embargo, en su resolución la Sala puede ratificar o revocar la sentencia absolutoria a favor del exgobernante. Con este fallo, en segunda instancia, estaría por concluir este caso.

La audiencia se llevará a cabo hoy, en la sede de ese tribunal, en donde los abogados de la parte acusadora expondrán sus argumentos para que los magistrados revisen la sentencia y observen los errores en que habría incurrido el Tribunal para absolver a Portillo, así como a Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza Castellanos, ministros de la Defensa y Finanzas, respectivamente, durante ese mandato.

Según la Cicig, el Tribunal Undécimo de Sentencia interpretó mal las pruebas que fueron aportadas durante el juicio y por ello solicitan a la Sala Tercera que subsane los errores y que Portillo y sus exministros sean condenados.

“Es estrategia”

Mauricio Berriondo, abogado del exgobernante, dijo estar sorprendido por la petición de la Cicig y del MP, y considera que se trata de una estrategia.

“Lo que ellos buscan es acelerar la extradición del expresidente hacia Estados Unidos”, añadió.

Portillo es requerido por EE. UU. por lavado de al menos US$70 millones, producto de malversación durante su gestión.

“Esperaremos cuáles son los argumentos. Es interesante lo que plantearon, ya que no es común este tipo de peticiones, sobre todo un día antes de la audiencia”, dijo.

El defensor sostiene que las partes acusadoras habrían observado que cometieron errores cuando apelaron la sentencia para que se repitiera el juicio, ya que no hay sustento legal ni jurídico para ello. “Los vamos a hacer pedazos, ya que estamos conscientes de la inocencia de Portillo”, advirtió.

Si la Sala acepta la petición de la Cicig y el MP, tendrá 10 días hábiles para resolver. Al solicitar ese procedimiento se evitaría que se programe un nuevo debate, que podría demorar meses.

El fallo

El 9 de mayo del 2011, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal resolvió dejar libres a los tres exfuncionarios.

El Tribunal, al resolver por mayoría, declaró: “Se absuelve a los procesados de la comisión del delito de peculado, por el cual se formuló acusación en su contra”.

La sentencia fue dividida, ya que las juzgadoras Coralia Contreras y Patricia Deras resolvieron que el exgobernante es inocente del desvío de los Q120 millones del Ministerio de la Defensa, y lo mismo decidieron en el caso de los exministros.

Morelia Ríos, presidenta del Tribunal, razonó su voto al exponer que sí había pruebas contundentes para condenar a Portillo.

En la resolución se leyó que el Tribunal no le otorgó valor probatorio a las evidencias presentadas por el MP y la Cicig.

No le dio valor como prueba al testimonio de Armando Llort Quiteño, expresidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), quien declaró contra Portillo y afirmó que él fue quien le prestó los Q30 millones que fueron ingresados en la bóveda de ese banco.

Por este caso esperan juicio Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas, acusados por el mismo delito, y según la acusación, ellos fueron los encargados de trasladar los fondos del Ministerio de la Defensa al CHN.

Recusan a magistrado

El MP  recusó a Carlos Ramiro Contreras, presidente de la Sala Tercera de Apelaciones.

Entre los argumentos que presentaron el MP y la Cicig para que el presidente de la Sala sea separado de la apelación figura que en otro momento procesal conoció el caso de Jacobo Salán Sánchez, acusado por el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa. 

La Corte de Constitucionalidad confirmó que   Contreras queda fuera del caso y que se debe nombrar a un suplente.

La Sala Tercera debe resolver si repite el juicio contra el expresidente y sus ministros o confirma la absolución de los acusados.

Coralia Contreras y Patricia Deras,  del Tribunal Undécimo, aparecen en el informe  Jueces de la  Impunidad, elaborado por la Cicig.

EE. UU.  lo requiere

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó  por unanimidad la extradición del expresidente Alfonso Portillo Cabrera, por lo que este deberá ser juzgado en Estados Unidos, que lo reclama por conspiración para el lavado de US$70 millones en bancos de ese país.

Portillo aún no puede ser enviado a EE. UU., sino hasta que finalice el proceso por peculado de Q120 millones, delito por el cual fue absuelto. El MP y la Cicig  apelaron el fallo.

La justicia estadounidense solicitó su extradición por el delito de conspiración para el lavado de US$70 millones, porque supone que el exgobernante utilizó la banca de ese país para el traslado de fondos del erario nacional.

Además, durante la gestión  del exgobernante —del 2000 al 2004— salieron a luz por lo menos 15 casos de desfalco en instituciones del Estado,  que hasta ahora suman más de Q6 mil millones y que se dan por perdidos.

Huída y captura

Al perder su inmunidad, el expresidente Alfonso Portillo sale del país.

19-02-2004 – Se va a México  

Huye de Guatemala vía terrestre hacia El Salvador, en donde toma un avión rumbo a país del Norte.

18-06-2005 –  Orden de captura  

Juzgado Quinto  Penal ordena la aprehensión del exgobernante Portillo, por peculado. Se inicia  trámite de captura y extradición.

07-10-2008 –  Vuelve al país  

Portillo llega a la Fuerza Aérea Guatemalteca,  en un avión de la Procuraduría General de la República de México.

07-10-2008 –  Queda libre  

Julio Jerónimo, juez quinto, le fija una fianza de Q1 millón y lo deja libre, pero lo liga por peculado.

26-01-2010 – Capturado 

Después de una búsqueda intensa, el exmandatario es capturado en Izabal, cuando supuestamente intentaba escapar a Belice.