El cobro de comisiones a empresas por la supervisión de salas de bingo, sorteos y apertura de nuevos negocios, inclusive señalamientos de exigir dinero a extranjeros que tramitan la nacionalidad guatemalteca, llamó la atención de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), que ya citó al personal, y de la cartera de Gobernación, que ordenó una auditoría profunda.

Estos rumores han trascendido desde el 2000, pero nunca ha prosperado una investigación.

Involucrados

El cobro de dinero adicional al salario por la supervisión de promociones comerciales no está contemplado explícitamente en ninguna ley.

Prensa Libre pidió, amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, la lista de trabajadores de la Gobernación y quiénes reciben fondos adicionales, que son 21 personas.

Algunas de ellas llaman “honorarios” a los pagos que hacen empresas por la supervisión de sus promociones; otras, “beneficios económicos”, y justifican que esa “costumbre” viene desde 1960, y que en el 2003 se firmó un supuesto convenio con el Ministerio de Gobernación.

Denunciada

En la lista aparece Celia Zea, quien fue demandada por el gobernador, Luis Alfonso Palma, por la supuesta comisión de lavado de dinero y haber recibido Q77 mil 850 con dos cheques —a una cuenta personal— y un recibo.

Zea, quien fue citada a la agencia 5 de la Fiscalía contra la Corrupción el jueves último, afirmó que esos “beneficios económicos” con cheques son producto de la supervisión de salas de bingo contra recibos que ha presentado, y descartó alguna ilegalidad.

“El gobernador tiene conflictos conmigo. Yo no pedí ese dinero porque son beneficios económicos, y es algo que se ha hecho por costumbre, y tenemos un convenio firmado en el 2003 con el entonces ministro de Gobernación, Adolfo Reyes. Pero yo no estoy de acuerdo con que se pidan cosas a las empresas, que es lo que hace el gobernador”, expresó Zea.

Palma dijo que no se trata de un asunto personal, sino que una empresa llegó a la Gobernación para quejarse y entregar pruebas de los cobros atribuidos a Zea.

“No es cierto. En el MP yo puse la denuncia en contra de Celia Zea. Yo no tengo nada contra ella, sino de la corrupción que yo encontré en la Gobernación”, explicó Palma.

Acerca del dinero que reciben por supervisar promociones comerciales, Palma aseguró: “Es una mínima cantidad la que reciben, pero los cheques que recibió Zea, de Q40 mil, ninguna empresa le va a pagar esa cantidad. Es donde nosotros separamos la situación ilegal que ella cometió, y porque la empresa privada vino a hacer la denuncia”.

Advirtió de que está pendiente de los resultados de una auditoría efectuada por el Ministerio de Gobernación el mes recién pasado, para denunciar a otras personas si las pruebas las involucran en delitos similares.

Édgar Cifuentes, trabajador de Gobernación, dijo que esos “honorarios” son por las responsabilidades que contrae un enviado a las promociones comerciales, como velar por la legalidad de estas, con base en el decreto 1610, que rige las funciones de la Gobernación pero no autoriza las comisiones.

“Se dicta o se emite una resolución. Esa resolución es la que contiene el nombramiento, y se establece al final de esa resolución que los honorarios causados serán pagados por la entidad organizadora”, explicó.

Cifuentes también citó el artículo 108 de la Constitución, donde se establece que los trabajadores que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil conservarán ese trato.

Nery Hernández, secretario administrativo de Gobernación, reconoció que los problemas entre Zea y Xiomara Fuentes terminaron en demandas laborales.

Agregó que en el convenio firmado en el 2003 “se ratificó la costumbre” del pago de las empresas a los trabajadores”, que se hacían desde hacía 25 años.

Cantidades

Según un juicio ordinario laboral promovido por Zea en un juzgado de Trabajo, “la cantidad de sorteos y beneficios económicos percibidos pueden variar según la existencia de estos o de los días calendario en el mes, que pueden ser de Q4 mil 500 a Q7 mil 500 o más”.

Retraso en entrega de información

El 5 de febrero último, Prensa Libre requirió a la Gobernación Departamental información  sobre la lista de trabajadores, por nombre, sueldo y tiempo de laborar en la dependencia, así como   de quienes reciben recursos adicionales por asistir a promociones, el monto de estos y detalle de premios no recibidos o reclamados.

Brenda Antón, encargada de la Unidad de Acceso a la Información, dijo que no podía recibir la carta de solicitud porque no se especificaba para qué se requería la información, lo cual, según ella,    se debía explicar, pese a que la ley respectiva no lo exige.

Cuando estaban por vencer los 10 días de ley para entregar la información, el reportero fue llamado a recibir una notificación sobre una prórroga del plazo.

El secretario de la dependencia, Nery Hernández, indicó: “Me decía el gobernador si podríamos platicar con usted, si nos podría decir qué lo motivó a usted a pedir esa información y qué publicará”.

Fiscalía indaga irregularidades

El Ministerio de Gobernación efectuó una auditoría especial a la Gobernación Departamental entre el 1 de enero del 2012 y el 28 de febrero de este año, y aún se está a la espera de los resultados.

En una carta enviada al gobernador, para practicar la auditoría, el Ministerio requiere  “el listado de expedientes por beneficiario de solicitud de autorizaciones y/o licencias de promociones, loterías y bingos”.

También pide los estados de cuentas bancarias, listado de personal, organigrama funcional actualizado  y listado del personal nombrado para promociones, loterías, bingos y nacionalización de personas extranjeras.

Este  último requerimiento se debe a  los señalamientos de cobros a personas que tramitan  nacionalización.

Los auditores pidieron “tener a disposición” las cajas fiscales, la documentación de soporte de los ingresos y egresos contenidos en las cajas fiscales, así como los libros de bancos,     cheques emitidos y conciliaciones bancarias.

El MP comenzó a citar a  testigos, luego  de la denuncia presentada por el gobernador contra Celia Zea, por  cobro de altos montos  a una empresa.

Se prevén más citaciones esta semana.