Prensa Libre

POR OLGA LóPEZ OVANDO

Fiscales a cargo de los referidos casos informaron que aunque varias de las denuncias fueron presentadas por Hegel, no se le desvincula de las investigaciones porque, como director de aquella institución, suscribió los convenios con las empresas constructoras, cuyos representantes legales también son objeto de persecución penal.

Otras denuncias fueron presentadas por la Contraloría General de Cuentas, que también pidió que las pesquisas se extiendan a los representantes de las constructoras y a otras personas que resulten responsables de la estafa al Estado, calculada en Q60 millones.

La Fiscalía también recibió 40 denuncias sobre proyectos inconclusos, pero la responsabilidad recae sobre los representantes legales y propietarios de las constructoras.

Hegel es investigado en la Fiscalía contra la Corrupción por malversación de fondos. El artículo 447 del Código Penal establece que el funcionario o empleado público incurre en este delito al erogar los fondos en otro proyecto que no sea al que originalmente estaban destinados.

Omar Contreras, jefe de esa unidad del Ministerio Público (MP), explicó que las operaciones anómalas fueron detectadas en más de cien proyectos de vivienda en los que Hegel pudo haber tenido responsabilidad, ya que estaba al frente del Foguavi cuando se efectuaron.

El ex funcionario es investigado, además, por incumplimiento de deberes, ya que no hizo valer las fianzas de cumplimiento de las obras y de los anticipos que el Fondo entregó a las constructoras, como estipulan los artículos 65 y 66 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Según las denuncias, la mayoría de proyectos fueron suscritos en el 2006, pero solo se iniciaron, por lo cual los afectados, con tal de no quedarse a la deriva, finalizaron las casas con sus propios recursos.

El subsidio que el Estado aportó a las constructoras para cada vivienda fue de Q15 mil, y cada familia beneficiaria pagó Q5 mil. Muchas de estas se vieron obligadas a invertir más, debido al incumplimiento de los contratistas.

Contreras dijo que coordinarán con la Contraloría para investigar las anomalías denunciadas, a efecto de deducir responsabilidades penales. Indicó que para ello se integró una comisión que se dedicará exclusivamente a este asunto.

Algunos casos

En Zacapa, la constructora Limba dejó más de 10 proyectos inconclusos. Su representante legal, María Eugenia López Morales, y su propietaria, Sonia Emperatriz Moreno, son investigadas por la Fiscalía, por la estafa al Estado.

Moreno también era dueña de la constructora denominada MS, la que también utilizó para estafar al Estado. La Fiscalía ha intentado localizarla para que declare al respecto, pero aparentemente se dio a la fuga.

Entre los proyectos entregados a esta empresa se cuenta el de la cabecera de Zacapa, donde Foguavi entregó como anticipo Q4 millones 476 mil para la construcción de 374 viviendas.

En otros casos la estafa fue total. Fluvia Yolanda Díaz Monroy, representante legal de Construcciones y Servicios, desapareció con todo el dinero. El Gobierno le dio Q595 mil 200, que representaban el 40 por ciento de anticipo para la construcción de 186 casas en la aldea El Rincón, Amatitlán.

Por este caso, en el 2009 el MP pidió orden de captura en contra de Díaz Monroy, pero la Policía Nacional Civil no ha logrado dar con ella.

La Fiscalía también solicitó, el 27 de mayo de 2008, la captura de Yomery Recinos Camposeco, por haber estafado al Estado con Q206 mil 647 que recibió como adelanto para la edificación de 49 inmuebles en Jerez, Jutiapa.

Los investigadores refirieron que en cada uno de estos casos Hegel pudo haber tenido responsabilidad, porque, como director de Foguavi, aprobaba los subsidios y avalaba los contratos con las empresas, muchas de las cuales no tenían respaldo económico para construir las obras encomendadas.