La postura del presidente Otto Pérez Molina desde el año pasado ha sido  no pedir la prórroga por dos años más del ente internacional.

Organizaciones de la sociedad civil sugieren  que se debe discutir en otros ámbitos, como en el Congreso, si es viable seguir con esa ayuda y no quedarse con la posición del Gobierno  de no continuar con el apoyo que brinda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la instalación de la Cicig.

De calidad

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, afirmó que esa entidad debe demostrar investigaciones de mejor calidad, que puedan judicializarse y con pruebas contundentes de respaldo.

“Se debe aprovechar la experiencia de la Cicig, pero también se debe hacer la pregunta de si vale la pena que se renueve, pero si las investigaciones son de calidad, debe continuar”, afirmó.

Propuso que la discusión sobre la continuidad tendría que darse en el Congreso y  no quedarse solo con lo expresado por el gobernante.

Sostuvo que para ver un trabajo efectivo de esa entidad las instituciones del sector justicia deben colaborar para que se logren desmantelar los grupos paralelos incrustados en el Estado.

“El sector justicia se debe comprometer a colaborar, que no habrá obstrucción. En los últimos siete años, en gran parte la experiencia fallida de Cicig es que el sistema de justicia ha sido bloqueado o por omisión de trabajar con ella”, expresó Ibarra.

Adolfo Alarcón, abogado de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), recomendó evaluar el desempeño de la Cicig.

“El problema pasa en quién tendría que efectuar esa evaluación del impacto, si se ha reducido la impunidad y terminar con las estructuras paralelas en el Estado”, indicó.

La activista Helen Mack expuso que de no continuar la Cicig existe un riesgo grande de que el país podría debilitarse, ya que uno de los pilares de la  democracia  es el sistema de justicia y por eso se justifica su presencia, la cual, indicó, “va contra los intereses políticos y podría ser considerada una piedra en el zapato de su carrera política”.

Tres veces

Después de  la creación de la Cicig, en el 2007, se han solicitado tres prórrogas por parte del gobierno de turno,  cada dos años, en la ONU.  
La más reciente para ampliar su período, que termina el 3 de septiembre del 2015, fue de Pérez Molina.

El exjuez colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, tomó distancia al pronunciarse sobre si se debe continuar otro período en Guatemala.
“Estamos con el compromiso para profundizar en las investigaciones para desarticular bandas, lo demás, como una prórroga, se da en otros ámbitos que no le competen a la Cicig”, expuso.

El miércoles recién pasado, Mathias Sonn, embajador de Alemania en Guatemala y presidente del G-13, que integran países y entidades internacionales que apoyan a la Cicig con recursos económicos y técnicos, aseguró que puede continuar el  respaldo.

Refirió que su país está dispuesto a seguir con dicho apoyo y no descartó que los demás lo harían.

Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, dijo que la entidad internacional ha tenido algunos aciertos muy buenos y resultados dudosos.

Destacó que el acompañamiento de la comunidad internacional puede funcionar y aportarle al país más fuerza, y afirmó que ha empezado a tener “resultados que se ven”.

“Gracias al ofrecimiento de donantes se pueden considerar y discutir las decisiones porque todavía falta mucho por hacer para combatir la impunidad”, manifestó.

Explicó que se debe reconsiderar la decisión de no requerir de una prórroga, ya que al ampliarse el período puede permitir completar un recorrido de la Cicig para fortalecer al Ministerio Público (MP) en investigaciones.

Brunori cree que en la gestión de Velásquez las investigaciones van a  mejorar con el apoyo del sector justicia. “Lo que se busca es mejor la labor del MP y de la Policía Nacional Civil para tener mejores investigaciones”,  dijo.

Thelma Aldana, fiscal general, también se mostró cauta al responder si la Cicig debía continuar por otros dos años.

Expuso que esa era una decisión del Ejecutivo y que no le competía al MP comentar al respecto.

Mencionó que en este tiempo el ente investigador ya tiene que estar capacitado para trabajar sin acompañamiento, y mientras siga la Cicig en el país continuarán trabajando en forma conjunta.

Lo que viene

En los próximos meses la Cicig deberá presentar los resultados de las investigaciones en relación con el supuesto contrabando en las aduanas  para determinar qué grupos operarían en esas instituciones que impiden cumplir las metas de recaudación.

La otra es relacionada con que los partidos políticos estarían financiados por grupos del crimen organizado, sobre todo en la provincia, y que esos grupos apoyarían a candidatos a alcaldes afines a sus intereses.

ASíES

Evaluación objetiva

Adolfo Alarcón, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales  (Asíes), puntualizó que se debe hacer una evaluación objetiva que determine cuáles han sido los resultados de los siete años de la Cicig en el país.

Sin embargo, manifestó una duda sobre quién podría efectuar ese análisis en relación con el combate de la impunidad y la desarticulación de estructuras del crimen organizado en Guatemala.  

“Lo que hay que reconocer es que con el trabajo de la Cicig se han tocado algunas estructuras paralelas que sin su presencia no se habrían descubierto”, afirmó.

Refirió que esa comisión investigó por primera vez a un expresidente en la era democrática, en alusión a Alfonso Portillo, por supuesto caso de corrupción.

Cicig

Hay preocupación  

Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, manifestó que en medio de la discusión de si habrá una prórroga al período tiene una preocupación que consiste en  trabajar en forma adecuada. “Estamos con el compromiso para profundizar las investigaciones que vayan en la desarticulación de estructuras criminales”, aseguró.

Refirió que se deben ver exactamente las necesidades del país y qué puede aportar la Cicig para que se asuma con responsabilidad y compromiso el mandato, que está previsto que termine  el 3 de septiembre del 2015.

Projusticia

Trabajo de calidad   

Carmen Aída Ibarra, integrante del Movimiento Projusticia, sostuvo que para que exista una prórroga la Cicig debe mostrar un trabajo de calidad en cada una de las investigaciones que logren detectar y desarticular  esos grupos paralelos que hay en  algunas instituciones públicas.  

“Es una necesidad indudable la presencia del ente internacional en el país, pero hay que preguntarse si vale la pena que siga en Guatemala”, afirmó.

“La garantía va encaminada a que su labor sea eficiente, acompañada de que las instituciones del sector justicia colaboren con ella, expresó.

Siete años de presencia

La Comisión  Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue creada en diciembre del 2006 durante el gobierno del presidente Óscar Berger y la Organización de Naciones Unidas (ONU).   

Fue ratificado  el apoyo  por el Congreso de la República el 1 de agosto del 2007 y empezó a funcionar el 3 de septiembre de ese año.

En marzo del  2009 y en enero del 2011, el presidente Álvaro Colom solicitó su ampliación.

La tercera  prórroga la presentó el presidente actual, Otto Pérez Molina, en enero del 2012.

El período  de la Cicig vence el 3 de septiembre del 2015.

Esa entidad  internacional ha sido dirigida por tres comisionados, todos nombrados por la ONU.

El primero  en dirigirla fue el jurista español Carlos Castresana.

Le siguió  el exfiscal costarricense Francisco Dall’Anese.

 Actualmente la dirige el colombiano Iván Velásquez Gómez.

Entre los  casos que ha conocido esa entidad está el  Rosenberg, en cuya  investigación se concluyó que Rodrigo Rosenberg planificó su  muerte y como autores materiales fueron condenadas nueve personas.

 La Cicig  no logró una sentencia condenatoria contra el expresidente Alfonso Portillo por las sindicaciones de haber desviado Q120 millones en su gestión.

El primero  

El paso de Carlos Castresana

Ha tenido  una larga carrera judicial.

Nació en  Madrid, España, en 1957. De 1995 al 2005 se desempeñó en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción en su país.

Fue miembro  por oposición de la Carrera Fiscal en su país y en el 2005 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo de España.

En septiembre  del 2007, el secretario general de la ONU lo designó  comisionado de la Cicig, cargo al cual renunció el 7 de junio del 2010.

Anunció su  renuncia al cargo con el argumento de que había una campaña de desprestigio en su contra.

Ese mismo  día pidió la renuncia del recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes, supuestamente porque  tenía nexos con el crimen organizado.

La Corte  de Constitucionalidad anuló todo el proceso de la elección de Conrado y ordenó que se repitiera, lo cual permitió que llegara Claudia Paz y Paz.   

En su  gestión se investigó el caso de Rodrigo  Rosenberg y se determinó que la víctima planificó su muerte.

También las  pesquisas contra el expresidente Alfonso Portillo.

El segundo

Relevo del costarricense Francisco Dall’Anese

Francisco Dall’Anese  es reconocido por su firmeza contra la corrupción y el crimen.

Se graduó  como abogado y notario en la estatal Universidad de Costa Rica.

Asumió como  fiscal general de Costa Rica el 1 de diciembre del 2003.

Encarceló a  los expresidentes de su país Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, ambos acusados de presuntos actos de corrupción.
También encarceló  al carismático y popular sacerdote Minor Calvo, involucrado en el asesinato del periodista colombiano-costarricense Parmenio Medina.

El 6  de agosto del 2010 empezó sus funciones como nuevo comisionado de la Cicig.

El 22  de agosto del 2013 presentó su informe de labores y dijo que dejaría el cargo el 2 de septiembre del año anterior. Sin embargo, abandonó Guatemala pocos días antes, al aducir que tenía días de vacaciones.

En su  gestión presentó una denuncia contra 22 jueces y magistrados de salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo,  las denuncias fueron desestimadas por la CSJ, que rechazó la petición de que jueces fueran despojados de su inmunidad.

El tercero

Un juez colombiano es el elegido

Es un  reconocido jurista en su país, ya que a través de sus investigaciones varios legisladores y funcionarios fueron a parar a la cárcel.

Empezó su  trabajo al frente de la Cicig el 30 de septiembre del 2013, cuando arribó al país.

Entre las  investigaciones que documenta en la actualidad se encuentra la supuesta corrupción en aduanas y el financiamiento de partidos políticos a través del crimen organizado.

La semana  recién pasada presentó las pesquisas contra el reo Byron Lima Oliva, presunto cabecilla de una red de corrupción en colaboración con autoridades del Sistema Penitenciario, que incluían al director y subdirector.

Fue magistrado  auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de su país durante varios años.

En 1992  fue nombrado procurador regional de Antioquia, época en que el narcotraficante Pablo Escobar se fugó de la cárcel.

Como fiscal  investigó los lujos que el capo Escobar tenía en la cárcel La Catedral.

Llevó a  prisión a 50 diputados que tenían nexos con grupos paramilitares, entre ellos familiares del expresidente Álvaro Uribe. La investigación empezó en el 2006 y se denominó “la Parapolítica”.