La autorización a los Consejos Departamentales de Desarrollo para suscribir convenios con oenegés, la supresión de constancias de disponibilidad financiera y la autorización discrecional del uso del subsidio al transporte público, son algunos de los aspectos criticados por Icefi y donde justifica su preocupación.

El comunicado de Icefi también resalta que las medidas incluidas en el decreto 22-2014 “son ilegítimas y constituyen serios retrocesos a lo que se había logrado con la aprobación en octubre del 2013″ en las leyes de transparencia.

El Icefi señaló que la falta de controles y medidas de transparencia “comprometen seriamente la legitimidad de las fuentes adicionales de ingresos” que suman Q2 mil 270.4 millones, donde se incluye el impuesto a la telefonía de Q5 mensuales por línea, el incremento a las regalías mineras y un incremento al impuesto a la distribución del cemento.

Según el análisis hecho por Icefi, aunque se fija en el Presupuesto un destino específico para los nuevos impuestos, la falta de controles presupuestarios podría permitir que se invirtieran en forma discrecional.

Gasto electoral

Una asignación de Q1 mil 965 millones para “otros aportes a cargo del Ministerio de Comunicaciones” dentro de las obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, según el análisis presentado por Icefi, advierte que es una “asignación inusual, opaca e injustificada”, que corre el riesgo de desviarse con fines políticos durante la campaña electoral del 2015.

El decreto 22-2014 según Icefi, tampoco deja claro si se incluye en el gasto los recursos necesarios para que el Ministerio de Educación cumpla con los compromisos adquiridos en el Pacto Colectivo y el aumento a los maestros y de no haberlo incluido “podrían volver a registrarse problemas de ingobernabilidad”.

“El Icefi lamenta que el Gobierno haya optado por una negociación que resultó en la aprobación de un presupuesto plagado de problemas y opacidad, aún y cuando tenía propuestas legítimas y técnicamente sustentada”, concluye el comunicado.