Prensa Libre

CAROLINA VáSQUEZ ARAYA

¿Cuál es la motivación que lleva a los hombres —quienes son el 99 por ciento de los “consumidores”— a disfrutar de tan perversa actividad? ¿Hasta qué nivel es capaz de degradarse un ser humano cuando corrompe con tal abuso de poder las mentes y los cuerpos de seres indefensos que apenas inician su vida? Y, lo más importante, ¿qué clase de sociedad tolera y calla ante estos crímenes cometidos frente a sus narices?

El tema saltó a la palestra mediática por una captura aislada, la de Augusto Fernando Higueros Méndez, cuyo IP fue detectado en medio de una investigación realizada por autoridades estadounidenses, la cual llevó a descubrir una red internacional de producción y venta de pornografía infantil. Pero esta no es una industria nueva ni se inició apenas el año pasado. Este comercio repugnante viene desde muy atrás, gozando de un silencio cómplice que le permite prosperar y expandirse.

Medios de comunicación han publicado que al momento de la captura, algunos vecinos reconocieron haber detectado conductas sospechosas y ciertos actos de abuso contra menores del vecindario. Pero jamás denunciaron. Este pequeño gran detalle lleva a la gran interrogante: ¿cuáles deberían ser los parámetros para inducir a la sociedad a involucrarse en los problemas que la afectan? Visto desde una perspectiva humana, resulta incomprensible el silencio ante delitos como el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, las violaciones y otros tan graves como la trata de personas, solo porque los vecinos prefieren callar y cerrar su ventana, aun cuando podrían hacer denuncias desde el anonimato.

Si las mujeres se encuentran en una situación de desventaja ante la violencia, respecto de la niñez la situación es aún más delicada. Niñas y niños constituyen para las redes de trata y de pornografía un objetivo más que ideal por su absoluta indefensión ante los adultos, especialmente en el marco de una cultura que les restringe la libertad al tiempo que les niega sus derechos. De no intervenir el Estado por medio de un sistema institucional capaz de crear un escudo de defensa para la niñez, nuestras generaciones más jóvenes continuarán siendo alimento fácil para estas redes criminales.

El daño psicológico de un menor abusado sexualmente y sometido a esa atroz servidumbre no tiene reparación. Es una cicatriz para el resto de su vida, con repercusiones difíciles de cuantificar en su desarrollo. La sociedad, además, prefiere negar la existencia del problema antes que reconocer su falta de valor para enfrentarlo. Es imperativo reforzar el mensaje de que la denuncia es una obligación ciudadana. Lograr que las personas comprendan que, de no involucrarse, se vuelven cómplices y parte de este tráfico siniestro.