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Opinión

Herencia perversa en gestión pública

La inmoralidad y el uso poco ético de los recursos públicos a lo largo de diversos gobiernos desde la instauración de la democracia parece ser ya una condena que la población, que vota, elige y paga impuestos, debe soportar, como si quienes llegaran a puestos públicos fueran patronos o señores feudales, con dominio de cuanto existe a su alrededor, y no como representantes de la comunidad que les ha delegado el poder para una responsable administración de la cosa pública.

EDITORIAL

Una seguidilla triste y patética han sido los cíclicos ofrecimientos electorales de acabar con la corrupción. Ya el mismo Jorge Serrano Elías, que tan nefasta huella dejara sobre la historia y el erario, propugnaba en su campaña electoral el lema de acabar con “los mismos” que abusaban de los recursos públicos, pero al final de su mandato no solo emuló a sus antecesores, sino que llegó incluso a superarlos y pasar de una vida de penurias en las horas previas a su gobierno a disfrutar de una vida de opulencia.

Con cada nuevo gobierno afloran los desmanes de los anteriores gobernantes, y este año no es la excepción, pues desde hace algunos días han vuelto las denuncias de presuntos actos de corrupción, específicamente los señalamientos del propio presidente de la República, referentes a anomalías en el manejo del programa Bolsa Solidaria, donde asegura que se ha encontrado un gran desorden administrativo y financiero que se prestó para que prevaleciera la corrupción en el manejo de la ayuda.

Esto no es una novedad, pues uno de los períodos en que más se acentuaron esas denuncias e irregularidades fue el de Alfonso Portillo, que no solo denunció la gestión de Álvaro Arzú por la ola privatizadora, sino que en determinado momento amenazó con declarar lesiva la venta de la empresa de telefonía nacional, pero fueron solo palabras; no concluyeron en nada positivo para el país y sí en mucha especulación en torno a los beneficios que se habrían granjeado varios de los funcionarios de aquella administración.

Llegó el turno a Óscar Berger, quien no se quedó atrás en hacer señalamientos de corrupción durante la gestión del Frente Republicano Guatemalteco, uno de los gobiernos donde más funcionarios fueron llevados a la justicia y que de hecho todavía tiene al expresidente Alfonso Portillo a un paso de ser extraditado a Estados Unidos, bajo la sindicación de haber lavado millones de dólares.

Álvaro Colom también acudió al repertorio de señalamientos contra el gobierno de Óscar Berger, y lo que más revuelo causó en su momento fueron las denuncias de corrupción en la remodelación del aeropuerto La Aurora, Sin embargo, funcionarios de la administración anterior también están hoy en prisión, bajo señalamientos de malos manejos.

En la coyuntura que marca un nuevo ciclo en la vida democrática, esas reflexiones de nuestra historia se vuelven imprescindibles para romper ese ciclo perverso de corrupción. La política de cero tolerancia a la corrupción es una medida impostergable, necesaria y no negociable que debe adoptar cualquier funcionario con un mínimo de decoro.


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