La criminalización, intimidación y judicialización son mecanismos de represión psicológica que políticos, el Estado de Guatemala, las grandes empresas nacionales y transnacionales están utilizando para desgastar emocionalmente a Lolita Chávez y las comunidades que integran el (CPK) que luchan por sus derechos individuales y colectivos.

En Guatemala, quienes defienden los derechos humanos, derechos ambientales y territoriales sufren atentados, enfrentan órdenes de captura, procesos de judicialización.

La represión psicológica contra activistas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos ha sido y es una de las estrategias que se está utilizando para provocar desgaste emocional, confusión, temor y desconfianza entre líderes, lideresas y entre las propias comunidades.

En ese contexto de represión y persecución que está afrontando el Consejo de Pueblos K´iché por defender la madre tierra, la vida y su derecho al agua, como señala Aura Lolita Chávez, lo único que queda: “es resistir o morir”. Esta frase sintetiza la situación de opresión, exclusión y la negación de los derechos sociales, económicos y políticos de los pueblos k´iche´, ixil, uspanteko y sakapulteko que habitan en este departamento desde la colonia.

A la fecha no ha existido ninguna posibilidad de diálogo genuino por parte del gobernador departamental y del gobierno central en lo que concierne al extractivismo que se impone con represión en este departamento.

Estas acciones solo evidencian la cruda realidad en que han vivido y viven mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, ancianos y ancianas en el departamento de Quiché.

Es lamentable que en este país, se premia a quienes violan los derechos humanos, concesionan nuestros bienes naturales al mejor postor. Pero se persigue, amedrenta, amenaza, penaliza a lideresas, líderes, comunidades y pueblos que por justicia y conciencia defienden la vida, la dignidad de las personas, los territorios, la madre tierra, las fuentes acuíferas, tal como lo hacen Lolita Chávez y el CPK.

Es innegable que los esfuerzos del presidente Otto Pérez y su gobierno se han enfocado en avalar legal, institucional y militarmente los megaproyectos de inversión capitalista nacional y transnacional que violan los derechos humanos, territoriales y ecológicos de los pueblos históricamente excluidos en Guatemala.

Se supone que en Guatemala todas las personas, mujeres y hombres nacemos libres e iguales y el Estado de Guatemala tiene la obligación de garantizarnos la libertad, la vida y la seguridad. Sin embargo, Lolita y las comunidades están siendo criminalizadas por defender la vida y el territorio.