Es probable que sea el mismo conductor que unas cuadras más adelante va a atropellar a un ciclista o chocar con otro vehículo dejando a un par de niños huérfanos por haber cruzado en donde no debía, porque no se dio cuenta del semáforo en rojo o simplemente porque su cerebro no reaccionó debido a su avanzado estado de intoxicación.

Latinoamérica es la segunda región del mundo en donde más se consume alcohol y Guatemala es el segundo país, después de Chile. Las causas son múltiples y diversas: acceso fácil —cualquier niño o adolescente lo tiene al alcance en su propio hogar— permisividad social, ya que muchas veces son los propios padres quienes inducen a sus hijos adolescentes a “darle una probadita”; presión de grupo, un factor centrado también en el segmento más joven; un ambiente general propicio para este tipo de mecanismos de evasión y todo ello con la salvaguarda de gozar de una prácticamente nula responsabilidad legal cuando se comete un delito bajo sus efectos, como ha quedado demostrado en un par de casos recientes.

Las autoridades han encendido las alarmas en varias ocasiones ante el aumento de accidentes mortales bajo los efectos del alcohol. De hecho, casi la mitad de ellos se producen por esa causa. Sin embargo, a pesar de la existencia de leyes que establecen el retiro de la licencia de quien conduzca en estado de intemperancia por alcohol o drogas, esta medida no se aplica y ello abre el camino a la reincidencia, al tratar esos casos como delitos menores sin mayores repercusiones de tipo legal. Es como darle al responsable una palmadita en el hombro y pedirle que la próxima vez tenga más cuidado.

En Guatemala, al elevado consumo de alcohol se suma un acceso casi ilimitado a armas de fuego de todo calibre en un ambiente de constante agresividad y tensión, todo lo cual contribuye a crear una combinación potencialmente explosiva. Alrededor de este círculo se desarrolla una dinámica marcada por los excesos, pero avalada por una actitud pasiva por parte de las autoridades y del resto de la ciudadanía, que lo ve como parte del paisaje.

Un accidente mortal provocado por una persona en estado de embriaguez debería tratarse como un caso de homicidio. La falta de castigo drástico a los culpables y la aceptación de presiones y sobornos por parte de un familiar con influencias para impedir una sanción correctiva, causa un enorme daño al enviar el mensaje equivocado al resto de la población, pero sobre todo a las familias afectadas por la muerte de un ser querido. La falta de castigo por destruir la vida de un ser humano es otro agujero en la raída tela de la justicia. Es preciso reparar ese tejido para recuperar la credibilidad en el sistema y también para proteger la vida de miles de inocentes víctimas potenciales.

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