Educación privada, sin reglas
El Gobierno carece de métodos para evaluar la calidad de la enseñanza
Por: Hernán Guerra B.

Floridalma tiene dos niños en un colegio de la zona 16, por quienes pagó este año colegiaturas de Q650 y Q550, respectivamente.

Pero para 2005 el centro educativo le ha informado que las mensualidades subirán Q150 por cada uno.

Además, la cuota única anual (pago adicional de medio año) será incrementada de Q2 mil a Q2 mil 250 por cada uno. En total, el costo aproximado por los dos alumnos —uno de primaria y otro de secundaria— será de Q20 mil al año.

Sin embargo, Floridalma dice que hará el esfuerzo. “La enseñanza es buena, no se compara con una escuela pública”, argumenta. En general, la mayoría de colegios privados tiene su propio esquema de aumentos, los cuales deben ser aprobados por el Ministerio de Educación, previo un rosario de requisitos.

Más allá del costo

Pero amén del valor económico que representa un centro de enseñanza, está la calidad educativa.

Y la cartera de Educación tiene escaso o nulo control, como lo reconoce María Eugenia de Mata, coordinadora de Educación Privada de esa cartera. “Nuestro sistema de supervisión ya no es eficiente, tenemos que modernizarlo”, explica.

No obstante estar vigente la Ley Nacional de Educación (Decreto 12-91), las autoridades se olvidaron de aprobar un reglamento para los colegios privados.

El citado ministerio trabaja en un proyecto que, a decir de De Mata, garantizará la calidad de la enseñanza en manos de particulares.

“Hay colegios que son una gran fachada, pero en el fondo no dan educación de calidad”, asegura la funcionaria.

Qué sería sin ellos

Lo cierto es que los centros educativos privados representan un aliado del sistema educativo del país. Sin ellos el Estado sería incapaz de atender la masa de estudiantes.

En 2003, el 47 por ciento de alumnos del nivel básico estudió en centros privados, o sea 208 mil 553. Del nivel diversificado estudiaron en aulas particulares 154 mil 908 alumnos, equivalente al 73 por ciento del total.

Eso quiere decir que de los graduandos sólo el 27 por ciento egresó de centros públicos.

Falta evaluación

Sin embargo, a criterio de Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el problema es que el Gobierno carece de métodos para evaluar la calidad educativa en general.

“No debería de haber distinción entre un público y privado, ambos tendrían que cumplir con estándares mínimos de calidad”, sostiene Lavarreda, autor de un estudio sobre el sistema educativo del país.

Según el profesional, el ministerio tiene que elaborar estudios periódicos para evaluar la enseñanza en general, no importa si es impartida por el Estado o por instituciones particulares.

Por lo pronto, la cartera de Educación trabaja en la nueva normativa para todo el sector de enseñanza nacional.

Establecerá estándares mínimos de calidad, incluido el reglamento que estaría vignete a partir de 2005.

Cierres: Menos establecimientos

E n 2001, por ejemplo, había registrados ocho mil 815 establecimientos privados; en 2002 disminuyeron a siete mil 956.

En 2003, el Ministerio de Educación, en cambio, registró más entidades, pues fueron habilitadas ocho mil 247.

En parte han clausurado, debido al régimen de control de cuotas. Por ahora, el 86% de colegios del nivel diversificado es privado.

Permitido: Cada tres años

Según el Decreto 116-85, los centros educativos privados pueden subir el 15 por ciento a las cuotas cada tres años.

“Es prohibido cobrar cualquier clase de contribución adicional a la cuota autorizada, ya sea en calidad de bono, donación u otra figura...”, establece el dictamen 724-94 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación.

Se defienden: “Hay que liberar las cuotas”

Belinda Navas de Díaz, representante de la educación privada, reconoce que el Ministerio de Educación carece de una supervisión permanente.

No obstante, asegura que la enseñanza privada es mejor que la pública. “Estamos anuentes a que nos supervisen, pero que nos establezcan mínimos de calidad”, añade De Díaz. Y sobre los costos, el sector aspira a que haya más libertad para fijar las cuotas. “Hay que liberar cuotas”, dice.

Según ella, porque los padres deciden dónde inscribir a sus hijos y, segundo, porque los colegios pagan 14 salarios a sus empleados, pero sólo les permiten cobrar 10 cuotas al año.