EL QUINTO PATIO
La herencia que dejaron
La evaluación del nivel educativo dirá la verdad sobre el futuro del país
Por: Carolina Vásquez Araya

La evaluación del estado de la educación que acaba de efectuar el Ministerio de Educación a nivel nacional, deberá ser objeto de un análisis muy profundo para conocer los detalles de la situación actual y establecer las bases para diseñar programas que permitan recuperar los años perdidos en el tema educativo.

Para hacer esto posible, es preciso comprender que la educación no es un tema separado en dos ámbitos: el público, en cuanto atañe al Ministerio, y el privado, relativo a los establecimientos particulares.

Y a partir de ahí, es preciso comprender que, por sobre toda otra consideración, la educación es un asunto de interés nacional y soporte fundamental de cualquier plan de desarrollo.

Por ello, los resultados de la evaluación recién efectuada en todo el territorio guatemalteco deben ser información pública, y no tener restricciones de acceso para quien desee conocerlos.

La educación, como la cultura, ha sido siempre el pariente pobre de los planes de gobierno.

Esa marginación se ha multiplicado a sí misma, incidiendo fuertemente en la pérdida de estatus del magisterio como profesión.

De ahí que los maestros se hayan ido desplazando hacia uno de los peldaños más bajos de la escala social y constituyan uno de los sectores peor pagados del país.

Esta es la herencia que dejaron varias décadas de gobiernos dictatoriales, seguidas de una ríada de gobiernos democráticos corruptos y sin visión de futuro.

Esto, sin duda, aunado al escaso poder político del sector magisterial, fue dejando el destino de la educación a merced de políticos más interesados en negociar con la institución armada y con los sectores económicos, que en garantizar la construcción de una nación moderna, capaz de insertarse exitosamente en el inevitable proceso de globalización.

La evaluación recién efectuada dirá hacia dónde orientar las políticas educativas para alcanzar los objetivos que se ha propuesto el actual Gobierno.

También debería señalar los abismos existentes entre las oportunidades que se ofrecen a los estudiantes en los centros urbanos y aquellas accesibles a los niños y adolescentes de las áreas rurales del país.

El Ministerio tendrá en sus manos un instrumento valioso para detectar cuál es el nivel de competencia de los centros educativos privados, muchos de los cuales han visto esta actividad como una forma de hacer negocio a costa de la deficiencia de la educación estatal, así como para evaluar el nivel profesional de quienes tienen a su cargo la formación de las nuevas generaciones.

De él dependerá que esta información coloque por fin el tema de la educación como corresponde, entre las prioridades absolutas del Estado.