Fiscalía protege a 50 testigos amenazados
Poseen información clave sobre delitos de impacto social
Por: Leonardo Cereser

Las autoridades del MP indicaron que la mayoría de testigos que obtienen protección son los que han presenciado crímenes de impacto social.

Más de 50 testigos de crímenes son protegidos por el Ministerio Público en lo que va del año. La mayoría está atemorizada por haber presenciado un crimen o un delito de alto impacto, refiere una fuente del programa del servicio de protección.

El encargado del Programa de protección de testigos del MP, quien pidió omitir su nombre, indicó que en lo que va del 2004 se protege a más de 50 personas que poseen información clave sobre diversos delitos de impacto y que se sienten amenazadas.

Sin embargo, dijo que la falta de recursos es una de las principales deficiencias que afrontan.

La falta de fondos para proteger a testigos quizá sea uno de los problemas por los cuales las personas no prestan declaración, refierió la fuente.

“En la mayoría de casos, los agraviados temen enfrentar a sus victimarios en las diligencias judiciales, y por eso piden protección”, agregó.

“En casos delicados o de alto riesgo, el MP espontáneamente ofrece el servicio; en las demás situaciones, son los testigos los que deben plantear la situación al fiscal que lleve su expediente, para ver si amerita la protección”, agregó.

Sienten temor

Las personas que solicitan acogerse al Programa, por lo general buscan protección antes de que inicie el proceso. “Muchas sienten temor, y es por eso que no quieren correr ningún riesgo durante el juicio”, manifestó la fuente.

El jefe de la Fiscalía de Homicidios, Byron Renato Durán, coincidió con las declaraciones del encargado del programa. “El gran problema que afrontan las fiscalías es la escasa colaboración de personas para testificar”.

La Ley de Protección

El decreto 70-96 del Congreso de la República dio vida jurídica a la “Ley de protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal”.

El plan beneficia al testigo con personal de seguridad, cambio de lugar de residencia, gastos de vivienda, transporte y subsistencia. También, protección de la residencia del beneficiario y de su lugar de trabajo.

En algunos casos, se contempla el cambio de identidad o trasladar al testigo a otro país.

Los beneficios se podrán extender al cónyuge , conviviente, padres, hijos y hermanos del testigo.

Entre los beneficiados con el servicio de protección que han partido al exilio bajo la tutela del MP está Javier Ortiz, conocido como el “teniente Jerez”, quien fue el brazo derecho del presunto capo del contrabando Alfredo Moreno Molina.

También partieron al extranjero Rubén Chanax Sontay y Diego Méndez Perussina, testigos del caso Gerardi.

Causas del temor

Las autoridades del MP indicaron que la mayoría de testigos que obtienen protección son los que han presenciado crímenes de impacto social.

Testigos de homicidios, asesinatos, violaciones, secuestros, narcotráfico y de hechos de corrupción son los que se acogen al Programa de Protección, refiere el MP.

Un testigo clave presentado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) en el caso Gerardi escapó de un grupo de hombres que intentó secuestrarlo. El hecho ocurrió el 28 de junio de 1999.

Édgar David Hernández, de 18 años, quien había testificado sobre un homicidio, fue asesinado la noche del 27 de noviembre de 1999, el mismo día que declaró.

El cadáver apareció en la manzana “P”, lote 40 “A”, Colinas de Minerva, zona 11 de Mixco.

El cadáver de Johan Lanz Patrick, testigo clave del caso Beverly, fue hallado el 21 de mayo del 2001 en el parque Naciones Unidas, Amatitlán.

Opiniones: “Es débil”

“El Programa de Protección de Testigos es débil y tiene un grave problema financiero que no permite una labor adecuada”, indicó Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), explicó que los testigos no tienen garantías de protección, y por ello no declaran.

Agregó que si bien hay un servicio de protección, éste es insuficiente para atender la demanda.

“Hay que fortalecer las evidencias científicas, para no depender tanto de los testimonios y así evitar que los testigos corran riesgos”, manifestó Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack.