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EDITORIAL
Otro manoseo a la justicia
¿Qué criterio privó entre las bancadas mayoritarias del Congreso, en la elección de los magistrados de la Corte de Apelaciones, para haber excluido de los 72 ungidos a la abogada Yolanda Pérez Ruiz, presidenta de la Sala Tercera?
Evidentemente, al menos en este caso, predominó el criterio político sobre el perfil profesional, porque si algo caracteriza a esta juez capaz y valiente son su integridad, probidad, independencia, buen juicio y sujeción al debido proceso, sin importarle quién sea el juzgado.
Estas cualidades debieron pesar, si no para promoverla, por lo menos para confirmarla en su cargo. Pero no hay que perderse: Pérez fue víctima de las intrigas de los diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) sobre sus colegas de la UNE, Gana, Patriota y PAN, para cobrarse el desempeño rectilíneo de la mencionada togada en el manejo de los casos de corrupción que involucran a miembros de aquel partido.
Es vergonzoso que esas bancadas hayan favorecido la posición del FRG y, ojalá nos equivoquemos, la podredumbre en la que dejó empantanado al país.
De esta manera, Pérez Ruiz se convierte en símbolo del juez probo sacrificado frente a la ascendencia del poder político sobre el jurídico, una realidad persistente en un círculo vicioso de presiones históricas que cada cierto tiempo propina golpes arteros a la carrera judicial y a la independencia de los jueces.
Razón tienen quienes ven en estos momentos cortes integradas por cuotas partidarias y no por magistrados con amplio respaldo ético y profesional.
Son obvios los efectos de este gravísimo error político: debilitamiento del sistema judicial, desmotivación de los jueces para cumplir con su deber, porque sus decisiones podrían verse sujetas a presiones políticas; sometimiento de la justicia a intereses partidarios, porque los electos se considerarán deudores de un favor, y desprotección del ciudadano común ante un tribunal sometido a cortapisas y manoseos.
No han servido de mucho las demandas ciudadanas por una elección transparente ni los esfuerzos de los grupos pro justicia de proponer perfiles, sugerir candidatos y acompañar el proceso.
Ante tales componendas, no es difícil predecir el rumbo de la justicia en los próximos cinco años, y es previsible que los esfuerzos del Ministerio Público para procesar a los eferregistas corruptos se queden sólo en buena voluntad.
Por cierto, es sintomático que en los últimos días se hayan alborotado muchos de los acusados, entre ellos Julio Girón, para promover acciones contra leyes por las que se les procesa o para demandar la clausura de pesquisas. Muy pronto, esas peticiones estarán en manos de quienes tienen una deuda moral con el partido símbolo de lo sucio.
Esta elección ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de un proceso adecuado que garantice objetividad, imparcialidad, ecuanimidad y el peso de lo estrictamente profesional en la selección de los magistrados. Y lo peor es que no existen esperanzas de cambio.
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Q 7.62134