EDITORIAL
Un problema poco atendido

E l transporte público, fundamental en la vida del país, debido al elevado número de usuarios, es ahora el lugar más riesgoso para la seguridad personal, por ser feudo de la delincuencia.

Una encuesta hecha por la firma Vox Latina para este diario pone números a un problema viejo y muy conocido: 66.8 por ciento de usuarios de autobuses han sido asaltados al menos una vez en su vida; el 92.7 por ciento lo aborda temeroso de ser muerto, mientras el 95.2 por ciento se sube a la unidad con la angustia de ser víctima de los delincuentes.

La encuesta refleja una sicosis que afecta por igual a todos los guatemaltecos, sin importar si se es usuario del transporte público, porque no hay lugar en el país en donde se viva seguro de no ser víctima de los antisociales. Continuamente ocurren asesinatos en atracos a negocios y viviendas.

La inseguridad en los autobuses es mucho más seria de lo que parece, porque las estadísticas no revelan la verdadera dimensión de las embestidas de los criminales. Son cientos los asaltos diarios, aunque al conocimiento público sólo llegan aquellos hechos en donde hubo muertos u otro tipo de delitos conmocionantes, como violaciones.

El problema se ha agravado con el tiempo. Al principio, se asaltaba a pasajeros; luego, se agregó a los pilotos, y más tarde, se generalizaron los asesinatos y los vejámenes contra mujeres.

Es clarísima la correlación entre la ineficiencia o el desinterés policial por reprimir a los delincuentes y el repunte de sus fechorías. De esto surgen numerosas preguntas, como la atinente al porqué no se les captura si están identificados los lugares donde operan.

La otra inquietud se relaciona con la ausencia de policías en los lugares críticos y los escasos resultados de los planes de seguridad, lo cual, a su vez, puede estar influido por la falta de capacitación y desmotivación de los agentes, y en algunos casos, posiblemente hasta por su complicidad con los hechores.

El caso es que está ausente del tema la función preventiva de la Policía y la reactiva de otros órganos del Estado, como el Ministerio Público, porque no existen investigaciones profundas e integrales, ni planes para identificar a los sospechosos, y atenuar sus acciones dentro de los autobuses.

Obviamente, no hay recetas mágicas para erradicar este flagelo, por sus diversas implicaciones de orden sociológico, pero tampoco se ven señales de proyectos inteligentes que despierten esperanzas y reciban el beneficio de la duda por parte de los afectados.

El país está en un grave dilema, sin respuesta de las autoridades de seguridad, como es su obligación.

Si éstas no pueden lidiar con el problema, la inquietud ciudadana debería llevarlas a evaluar su desempeño y el daño social originado en su ineptitud.

Tal vez tras esa reflexión decidan abandonar el cargo, para dar la oportunidad de servir al país a personas versadas en la materia.