EDITORIAL
Un problema poco atendido

E l transporte público, fundamental en la vida del país, debido al elevado número de usuarios, es ahora el lugar más riesgoso para la seguridad personal, por ser feudo de la delincuencia.

Una encuesta hecha por la firma Vox Latina para este diario pone números a un problema viejo y muy conocido: 66.8 por ciento de usuarios de autobuses han sido asaltados al menos una vez en su vida; el 92.7 por ciento lo aborda temeroso de ser muerto, mientras el 95.2 por ciento se sube a la unidad con la angustia de ser víctima de los delincuentes.

La encuesta refleja una sicosis que afecta por igual a todos los guatemaltecos, sin importar si se es usuario del transporte público, porque no hay lugar en el país en donde se viva seguro de no ser víctima de los antisociales. Continuamente ocurren asesinatos en atracos a negocios y viviendas.

La inseguridad en los autobuses es mucho más seria de lo que parece, porque las estadísticas no revelan la verdadera dimensión de las embestidas de los criminales. Son cientos los asaltos diarios, aunque al conocimiento público sólo llegan aquellos hechos en donde hubo muertos u otro tipo de delitos conmocionantes, como violaciones.

El problema se ha agravado con el tiempo. Al principio, se asaltaba a pasajeros; luego, se agregó a los pilotos, y más tarde, se generalizaron los asesinatos y los vejámenes contra mujeres.

Es clarísima la correlación entre la ineficiencia o el desinterés policial por reprimir a los delincuentes y el repunte de sus fechorías. De esto surgen numerosas preguntas, como la atinente al porqué no se les captura si están identificados los lugares donde operan.

La otra inquietud se relaciona con la ausencia de policías en los lugares críticos y los escasos resultados de los planes de seguridad, lo cual, a su vez, puede estar influido por la falta de capacitación y desmotivación de los agentes, y en algunos casos, posiblemente hasta por su complicidad con los hechores.

El caso es que está ausente del tema la función preventiva de la Policía y la reactiva de otros órganos del Estado, como el Ministerio Público, porque no existen investigaciones profundas e integrales, ni planes para identificar a los sospechosos, y atenuar sus acciones dentro de los autobuses.

Obviamente, no hay recetas mágicas para erradicar este flagelo, por sus diversas implicaciones de orden sociológico, pero tampoco se ven señales de proyectos inteligentes que despierten esperanzas y reciban el beneficio de la duda por parte de los afectados.

El país está en un grave dilema, sin respuesta de las autoridades de seguridad, como es su obligación.

Si éstas no pueden lidiar con el problema, la inquietud ciudadana debería llevarlas a evaluar su desempeño y el daño social originado en su ineptitud.

Tal vez tras esa reflexión decidan abandonar el cargo, para dar la oportunidad de servir al país a personas versadas en la materia.

Fo
Por: fo@guate.net.gt

TIEMPO Y DESTINO
¿El peor país del mundo en materia de adopciones? (1)
Debe aprobarse una nueva legislación
Por: Luis Morales Chúa

Durante dos días funcionarios internacionales, magistrados, jueces, fiscales y diputados guatemaltecos, se dieron cita en el Seminario Internacional sobre Adopciones, celebrado en esta capital para estudiar qué es lo que sucede aquí con las adopciones.

Entre los participantes se contaron el presidente de la República, abogado Óscar Berger y su esposa Wendy de Berger; el doctor Rolando Morales, presidente del Congreso de la República; el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, procurador de los Derechos Humanos, el abogado Luis Rosales, procurador general de la Nación; la doctora Gladys Acosta Vargas, representante de UNICEF en Guatemala; Juan Pablo Corlazzoli, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y otras personalidades nacionales y extranjeras.

La reunión fue auspiciada por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.

Una de las primeras conclusiones ha sido que Guatemala “es el peor país del mundo en cuanto a las adopciones”. (Prensa Libre, 16.10.04, p. 4).

Otra es que -a pesar de un fallo de la Corte de Constitucionalidad que declaró inconstitucional la adhesión de Guatemala al Convenio de La Haya (basándose en que el procedimiento interno, en el Congreso, conducente a la adhesión, fue defectuoso)– el citado convenio está vigente, porque los instrumentos jurídicos internacionales protectores de los derechos humanos tienen preeminencia sobre el Derecho interno; tema acerca del cual fue presentado un documento altamente ilustrativo.

Por aparte, el seminario puso de manifiesto el criterio de la comunidad internacional según el cual “las adopciones en Guatemala se han convertido en un negocio que produce millones de dólares”.

En realidad, no se debería hablar de adopciones cuando –como la prensa publica con frecuencia– los niños son objeto de ese negocio.

Cada cierto tiempo la Policía descubre casas cunas donde los niños son preparados para enviarlos al extranjero, hace capturas y después se produce un inexplicable silencio. No se habla más de procesos y sentencias. Todo se olvida.

Dadas estas circunstancias, las Naciones Unidas han pedido que “las adopciones internacionales sean suspendidas hasta la emisión de una ley de adopciones” (elPeriódico, 16.10. 04. ps. 1 y 6).

En su petición al Estado guatemalteco, la representante del Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, ha expresado: “Está claro para el Comité que Guatemala no ha seguido los consejos para supervisar y fiscalizar el sistema de adopción o considerar la posibilidad de ratificar el Convenio de la Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción”.

Sin embargo no todo está perdido, pues siempre hay personas sinceramente interesadas en poner orden en estas cosas.

Esta vez figuran en primera línea, para defender a la niñez, los presidentes de los tres organismos del Estado que concurrieron al seminario y diputados que han tenido en sus manos los proyectos de Ley de Adopción.

Ellos saben diferenciar las iniciativas puras de las que, bajo apariencia de buenas intenciones, conllevan otros propósitos.

La adopción es una de las más nobles instituciones jurídicas, es cierto, siempre que persigan el fin supremo de su creación: dar a los niños que no tienen hogar, uno en el cual puedan ser felices, en igualdad de condiciones que las de los demás niños.

SENTIDO COMUN
Se busca la fórmula mágica
Hay unanimidad: queremos tranquilidad y progreso. La pregunta es: ¿Cómo lograrlo?
Por: Manuel F. Ayau Cordón

Alfred Kaltschmitt nos informa cómo han proliferado las maras en las ciudades del país. Sólo en Oriente, donde se supone que todos andan armados, no hay maras involucradas en allanamientos, secuestros, asaltos en la calle o buses. Inclusive, mareros originarios de Oriente, cuando visitan su tierra se portan bien.

Habrá violencia entre traficantes de drogas, pero ello no representa peligro a quienes son ajenos a ese tráfico, y tampoco hay violencia por drogadicción.

Una prueba es que en las tiendas no tienen rejas en el mostrador. Se nos acerca la etapa cuando la violencia ya no es controlable por un gobierno y entonces la población reconocerá que el único remedio es seguir el ejemplo de Oriente (y de algunos estados de EE.UU. donde es libre la tenencia de armas), so pena de perder hijos, parientes y pertenencias, en manos de las maras.

Tenderemos que escoger entre quedar bien con izquierdistas y metiches internacionales o sufrir vejaciones.

Entre tanto, se busca la formula mágica del éxito económico, la eliminación de la pobreza.

Asociaciones, cámaras, ONG, universidades, cúpulas de intelectuales o de negocios, legisladores y funcionarios y hasta los obispos (sin la humildad de someterse al disciplinado estudio de economía) buscan la fórmula. Se elaboran estadísticas y se proyectan filminas.

Los análisis y el lenguaje son cada vez más alambicados. Se aceptan consejos —buenos o malos— de países extranjeros sólo porque dispensan dinero. Los gobiernos creen que su prioritaria función es hacer de Santa Claus o, mejor, de Robin Hood, mientras la fórmula nos elude.

¿Será que la búsqueda de la fórmula está desviada? Será que estamos equivocados creyendo que un país se maneja como una empresa, un ejército, una iglesia, o una universidad; que se organiza y dirige con propósito definidos. Inclusive, así se enseña desde los colegios hasta en posgrados de famosas universidades.

Pero también se puede gobernar (no dirigir) un país haciendo prevalecer normas generales de conducta preaceptadas y dejar a la gente libre hacer lo que quiera, siempre que no las viole.

Esas normas son para proteger los iguales derechos de todos, que básicamente son su vida, su propiedad y sus compromisos (contratos).

Esta protección no es solo de su finca, sino principalmente de su propia persona, es decir, de su libertad. Aunque hay áreas grises al margen de todo problema, piense en ¿qué de malo podría suceder si los gobiernos tuviesen éxito en hacer respetar esas normas?

Obviamente, nadie estaría impunemente robando, allanando viviendas, violando mujeres o extorsionando. Ni el Gobierno tendría el derecho de interferir en pacíficos intercambios de propiedad fijando precios o salarios. Y si castigaría a los transgresores de las normas.

Ningún derecho es absoluto: están limitados por los iguales derechos ajenos.

Pero no por no ser absoluto, tiene el Gobierno derecho a violarlo interfiriendo en su ejercicio, para que los intercambios sean “justos, convenientes y políticamente correctos”.

¿Acaso no debe respetarse el juicio de los participantes en tanto sean pacíficos? ¿Será propio meter a políticos y burócratas en la vida privada de quienes no están violando derechos ajenos?

¿Será legítimo impedir por la fuerza que la gente libre y pacíficamente intercambie sus cosas como a su particular criterio le conviene?

La fórmula, aunque no es ni fácil ni perfecta, para abolir la pobreza nos elude, pues no la vemos aunque está a la vista: proteger y ya no obstaculizar, interferir y reglamentar el derecho de propiedad, para que la gente pueda, sin privilegios, competir libre y pacíficamente en enriquecerse unos a otros.

CONTRASTES
No siempre se gana
Si la retransmisión televisiva del último partido les impidió asistir, cómodamente sentados en la sala, al tercer deba te, don“t worry.
Por: Conrado Alonso

A pesar del fervor patriota desparramado en la carta que el señor presidente de la República dirigiera a la Selección Nacional de Fútbol el día mismo en que ésta enfrentara a la costarricense, un severo 5-0 dio al traste con la ilusión presidencial, ministerial y demás roscas, la de jugadores y la de todos nosotros.

A los pocos días, otro encuentro futbolero internacional en busca de la clasificación, ahora frente a la Selección de Honduras, sin mediar correspondencia ni invocaciones patriotas —que tan bien, o mejor, pudo formular don Otto Pérez Molina—, trajo la victoria, la alegría a punto de caramelo y un halagüeño futuro.

Dos curiosidades vienen a la imaginación, y ofrezco disculpas por citar a otras dos muy estimadas personas. Monseñor Quezada Toruño debió mirar a las alturas y, carta en mano, susurrar: ¿Verdad, Señor, que a quien al cielo escupe a la cara le cae? Aparte de si está o no en el diccionario la palabra “populista”.

Don “Primi” Maradiaga, una de dos: o ya está temiendo que le muevan la silla o presiente tener en el alto mando su mejor aliado. Porque acaba de decir el señor presidente a los funcionarios que no son de la Gana que “si no son del equipo, por dignidad deberían renunciar”. Mientras ganen, van bien.

Así pasa la vida momentánea, del momento, bajo la mira deportiva sobre todo. Hay un compás de espera hasta el próximo febrero cuando se reanudarán los partidos eliminatorios de cara al Mundial de Alemania y que deberían aprovechar los funcionarios para dedicarse a lo que no es mero deporte.

Como debe estar preocupando a los señores Bush y Kerry la inminente elección para el cargo más poderoso del universo.

Si la retransmisión televisiva del último partido de fútbol les impidió asistir, cómodamente sentados en la sala, al tercer debate, don’t worry, ni se preocupen. Nada nuevo bajo el sol.

Como tampoco es nuevo que invite a mis caros lectores a degustar el desayuno dominical, bajo el compromiso de avisarme cuando estén hartos, que hoy podríamos implementar con los descarados huevos esgrimidos por el señor Bush para defender la indefendible torpeza de su guerra contra Irak.

Que si ella fuera la única, que no lo es como le viene demostrando el señor Kerry desde planos más domésticos, hasta le podríamos otorgar el dudoso beneficio de que errar es de humanos.

Al menos, una vez. Él ni tres errores de su administración quiso reconocer. Es un olvido que incide en soberbia.

De todos modos, aún siendo, como todas ellas, la elección más universalmente esperada y con menos electores convocados, persistirá lo mismo: lo bueno para los americanos debe serlo para el mundo entero.

Sin pestañear, porque no hay Kyoto ni cortes internacionales que les importen un bledo.

COLABORACION
Canal legislativo
Mientras el Congreso de la República considera que su canal de televisión se convertirá en un servicio a la sociedad, sus detractores estiman que no es función del Legislativo dirigir un medio de comunicación

Postura del Congreso

El Canal 9 será un medio de servicio público

Opinión de Rolando Morales Chávez

Desde de enero del 2004, el Congreso de la República inició el diseño técnico y normativo de su propio canal de televisión, concibiéndolo como un medio perteneciente a la Nación y auspiciado por el Poder Legislativo.

El mismo ha sido vislumbrado como un medio de servicio público, que reseñará y difundirá la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las funciones que al Congreso le establece la Constitución Política y la Ley Orgánica, así como contribuirá a informar, analizar y discutir pública y ampliamente los problemas de la realidad nacional.

El canal es una oportunidad para que el Estado cuente con un medio que construya y fomente una opinión favorable a la democratización de la vida, como lo mandan los acuerdos de paz.

Por eso, se ha insistido en que sea concebido como un servicio público, entendido como la forma alternativa de transmitir información y construir opinión pública que fortalezca los valores democráticos, que dé a conocer la diversidad cultural y étnica, y que propicie una formación social, política y cívica fuerte e integral entre la ciudadanía.

La transmisión, sea en vivo o en diferido, le proporcionaría a la población un elemento más de juicio, haciendo público lo que en Guatemala no se ha visto, como las sesiones plenarias en su totalidad, las posturas institucionales de los partidos políticos y las sesiones de las comisiones de trabajo, entre otras actividades.

Su programación estará abierta a las organizaciones civiles que quieran expresar ideas y opiniones y plantear propuestas que contribuyan a la consolidación de la democracia, la equidad, la justicia social, la inclusión y el respeto a los derechos humanos.

Tendrá posibilidad de participar cualquier organización civil representativa, en especial las que no tienen espacios en los medios de comunicación.

Esta apertura refrenda el carácter de servicio público del canal, que debe ser abierto y participativo.

En la propuesta de Reglamento se plantea que todas las expresiones políticas representadas en el Congreso de la República tendrán derecho a un espacio dentro de la programación.

Estos espacios se distribuirán de forma equitativa entre los partidos políticos, y en ellos podrán expresar sus posturas en torno a temáticas de interés nacional. Sin embargo, se prohibirá la transmisión y difusión de propaganda política partidaria y electoral dentro de los mismos.

Estos espacios no podrán ser utilizados para publicitar o promocionar electoralmente a los legisladores en particular. -Presidente del Congreso de la República

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Fuera de foco

Poner en funcionamiento un canal de televisión no contribuye a fortalecer la institucionalidad y funcionamiento del Congreso

Opinión de Renzo Lautaro Rosal

Una de las principales instituciones que está en el ojo de huracán es el Congreso de la República; la ciudadanía en general percibe falta de efectividad en sus acciones.

Uno de los objetivos de mediano plazo en esta institución debe ser, entonces, recuperar parte de la confianza que se ha ido perdiendo legislatura tras legislatura. ¿Contar con su propio canal de televisión ayuda o no en este cometido?

Tal parece que los propios legisladores no están totalmente conscientes sobre este imperativo, y ahora promueven contar con su propio canal de televisión.

Más allá de los señalamientos sobre la falta de transparencia en el proceso de adjudicación para el manejo de este canal, el debate debe centrarse en la conveniencia o no de que el Congreso de la República cuenta con su propio medio televisivo.

La actual configuración del Estado sitúa el eje de la dinámica política en el Congreso de la República.

Las características de la actual legislatura bien pueden ser una importante oportunidad para recuperar el terreno perdido: la inexistencia de partidos mayoritarios, la urgencia de realizar acuerdos políticos, la necesidad de impulsar una agenda legislativa (al menos de carácter anual), recobrar la confianza de la población, promover una mayor funcionalidad y efectividad en sus acciones, son algunas de las prioridades a impulsar pronto.

La idea de poner en funcionamiento un canal de televisión no cabe en este marco, no contribuye a fortalecer la institucionalidad y funcionamiento del Congreso de la República.

La utilización de un medio de comunicación por un organismo de Estado debe considerarse si contribuye o no a apuntalar sus objetivos.

Cuando estos últimos no están del todo claro en sus mismos integrantes, no resulta estratégico pensar, mucho menos operar, un canal de televisión u otro medio de información.

Argumentar que esto se hace con el fin de transparentar las actividades que realiza el organismo o bien llevar a cabo programas de formación ciudadana, son respuestas débiles a dimensiones que están por encima de las funciones centrales del Congreso de la República.

La debilidad en la producción televisiva nacional obliga a disponer de otras alternativas que brinden un servicio abierto a la ciudadanía, lo cual es posible si estas frecuencias se ponen a disposición de quienes tienen las competencias y recursos para ello, elemento que no está en el marco del Organismo Legislativo.

El objetivo de corto plazo de recomponer y promover el fortalecimiento de la institucionalidad democrática pasa, necesariamente, porque las mismas instancias estén conscientes de sus debilidades y oportunidades de futuro.

Es vital que el actual Congreso de la República centre sus acciones en procura de cumplir con lo que en verdad le corresponde.

LA BUENA NOTICIA
Justicia sin tardar
Por eso confiamos en la capacidad jurídica y responsabilidad ética de los jueces del país para que la justicia llegue sin tardar en cada uno de los procesos que estudian y favorezcan toda iniciativa
Por: Víctor M. Ruano

La página evangélica que las comunida- des cristianas reflexiona hoy ofrece una diversidad de perspectivas para su análisis y comprensión. El tema de la justicia es una de ellas. (Lucas 18, 1-8).

Jesús, para instruir a sus seguidores, utiliza el recurso pedagógico de la parábola, género literario que interpela al oyente y le permite reflexionar y sacar conclusiones sobre cuestiones fundamentales de la vida, suscitar un empeño por el Reino y el seguimiento de su persona.

Además, en las parábolas Jesús demuestra sensibilidad por las problemáticas humanas, conocimiento de la realidad de su tiempo y la conducta de la gente.

Esto se percibe en el texto que aquí comentamos, al abordar la realidad que viven los pobres que luchan por la justicia.

Por eso habla de un juez injusto, a quien no le importa la sociedad ni Dios. La formación ética de este jurista es deficiente. Les habla también de una señora viuda que pide justicia frente a un adversario.

El juez no actuó con prontitud como era su deber. Sólo la lucha persistente de la mujer lo moverá para hacer justicia y librarse de una agresión, provocada, no por que ella fuera anárquica y violenta, sino por su irresponsabilidad.

Tanto en la sociedad de Jesús como en la nuestra, los pobres no ven cumplidos sus anhelos de justicia.

Ellos se pierden en la maraña burocrática y legalista que nada tiene que ver con la recta y pronta aplicación de la justicia; son incapaces también de acudir al soborno para comprar jueces corruptos y cobardes, no sólo por carecer de recursos, sino por dignidad y respeto del sistema jurídico.

Mientras que el pudiente de “cuello blanco”, el que ejerce el poder y el que nada en la opulencia se burla de la justicia, más aun el sistema los protege.

Ellos siempre encontrarán formas legales y tramposas para evadir el peso de la ley.

Gritar día y noche, no sólo ante Dios para que haga justicia sin tardar, como enseña el evangelio de hoy, sino frente a un sistema corrupto y quienes viven de él, es una exigencia ineludible cuando la injusticia se ha institucionalizado.

Los esfuerzos llevados a cabo no han sido capaces de asegurar el respeto y la realización de la justicia en todos los sectores de la vida nacional.

Por eso, confiamos en la capacidad jurídica y responsabilidad ética de los jueces del país para que la justicia llegue sin tardar en cada uno de los procesos que estudian y favorezcan toda iniciativa que permita hacer de ella un bastión para la paz y la reconciliación.