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Guatemala, viernes 24 de septiembre de 2004

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Deparamentales

Desalojan tierras
Invasores argumentan que necesitan vivienda y alimentos
Por: Rigoberto Escobar López

Foto de portada
Algunas de las familias campesinas que invadieron terrenos de La Sierra del Lacandón, en Petén.

La Libertad, Petén .- Luego de permanecer varios días como invasores en un terreno del Parque Nacional Sierra del Lacandón, unas veinte familias procedentes de Cobán, Alta Verapaz, optaron anteayer por abandonarlo voluntariamente para evitar ser desalojados.

Javier Marqués, director del citado parque, informó que los trabajadores del campo, personas pobres de las verapaces, llegaron al lugar conocido como Yaxchilán, donde pensaban construir sus viviendas provisionales.

Las autoridades del parque les explicaron que no podían ubicarse allí, porque se trata de una reserva protegida.

Fueron convencido

Luego de instarlos a que abandonaran las tierras, los invasores decidieron trasladarse en vehículos particulares a un inmueble ubicado en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, se informó.

Los campesinos habían talado unas 20 manzanas de bosque secundario, con la finalidad de sembrar maíz y frijol.

Byron Castellanos, director técnico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), explicó que se tiene entendido que entre los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón existen unos sesenta asentamientos humanos, los cuales por medio de mesas de diálogo se trata de llegar a un acuerdo para su desalojo oportuno.

En la costa sur

Anteayer fue desalojado por las fuerzas de seguridad un grupo de campesinos que habían ocupado la finca Santa Marta, ubicada en Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez.

Las más de 120 familias habían ocupado terrenos desde el lunes 20, se informó en el sitio del desalojo.

Propiedad del Estado

Manuel Barrera Osorio, dirigente de los campesinos, indicó que la finca según consta en documentos basados en el acuerdo gubernativo 05-97 del ex Instituto Nacional de Transformación Agraria, es declarada como propiedad del Estado, y sería entregada a personas pobres a un precio acorde a sus ingresos, pero ahora se les comunicó que es propiedad privada.

Barrera Osorio, detalló que la acción policíaca se efectuó sin ninguna orden de juez competente. “Fuimos sacados con amenazas y abusos de las autoridades”, concluyó.

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