Impugnan libertad de campesinos
MP sostiene que son responsables
Por: Sonia Pérez

29 detenidos en la finca Nueva Linda fueron liberados, el 10 de septiembre, por falta de evidencias.

El Ministerio Público (MP) apeló la libertad de 19 de los 31 campesinos apresados tras el violento desalojo de la finca Nueva Linda en Champerico, Retalhuleu, ocurrido el 31 de agosto.

“Se estableció que los 12 restantes fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) en un lugar diferente al de los hechos, y al menos 9 horas después del desalojo; por eso solamente se apeló en el caso de 19”, se indicó.

Entre los campesinos detenidos se incluía una mujer. Además, alrededor de la mitad del grupo eran personas mayores de 50 años.

Acusados de 10 delitos

La fiscal Brenda Muñoz, quien conoce el caso, sindicó a los campesinos de 10 delitos, entre ellos, asesinato, asesinato en grado de tentativa, sedición, usurpación, incitación a delinquir.

Además, de militancia en grupos armados, atentado agravado, resistencia, invasión y portación ilegal de armas de fuego.

La fiscal considera que los aludidos son responsables de las 10 muertes ocurridas durante el desalojo (siete campesinos y tres agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía que ese día iban desarmados a ejecutar la orden).

El juez Jorge Luis Nufio, del Juzgado de Alto Impacto de Quetzaltenango, dejó en libertad el 10 de septiembre recién pasado a todos los campesinos.

Consideró que no existían elementos probatorios suficientes para mantenerlos en prisión.

Los campesinos comparecieron ante el juez días después del desalojo. Tenían golpes en el rostro, presuntamente causados por los agentes policiales.

La impugnación del MP será conocida por la Sala de Apelaciones de Quetzaltenango.

Habían ocupado finca

Los invasores mantenían ocupada la finca Nueva Linda, propiedad de Carlos Vidal Fernández Alejos, en demanda del aparecimiento del administrador Héctor René Reyes Pérez.

El administrador de la hacienda desapareció el 5 de septiembre del 2003. Ese día, Víctor Chinchilla, agente de la seguridad de Fernández Alejos, lo habría acompañado a efectuar algunas gestiones. Después, no se supo más de Reyes.

Una prueba de luminol (para determinar la existencia de sangre y otros fluidos) realizada por el MP al vehículo de Chinchilla y que dio positiva, podría ser evidencia de que el administrador fue muerto, aunque la hipótesis se encuentra sujeta a investigación.

El MP solicitó la captura de Chinchilla por este hecho, pero el juzgado de Alto Impacto de Quetzaltenango no ha resuelto.

El caso del desalojo también se investiga junto a la agresión de que fueron víctimas cuatro reporteros de diferentes medios, por parte de agentes de la PNC, cuando cubrían el hecho.

Invasiones: Desalojos pendientes

Este es el primer caso de desalojo, durante el actual gobierno, donde ha habido derramamiento de sangre.

Por ahora, se encuentran pendientes de ejecutar otras 30 órdenes de desalojo, emitidas por los tribunales, según agrupaciones de campesinos.

Existe una tregua entre Gobierno y campesinos, para no desalojar aquellas tierras tomadas por organizaciones de trabajadores del campo.