COLABORACION
Pena de muerte en receso
El 85 por ciento de las personas encuestadas, se han pronunciado a favor de la pena de muerte.

Por Ana María de Klein

Como miembro del Consejo Directivo de la agrupación Madres Angustiadas, he conocido gran número de personas que han sufrido las consecuencias de acciones violentas en su contra o de algún miembro de su familia. Esta clase de delitos son clasificados como de “alto impacto” y, según nuestras leyes, para algunos de éstos, la pena máxima es la muerte.

La pena de muerte ha sido impuesta en un número limitado de casos. Al momento, la ejecución de esas sentencias se encuentra paralizada por el vacío legal que provocó la decisión del ex presidente Alfonso Portillo, al derogar la ley que delegaba en el presidente la potestad de conceder el indulto a los condenados a la pena de muerte.

Nuestra agrupación nunca se ha pronunciado a favor o en contra de esa pena, ya que entre las asociadas existen posiciones disímiles sobre este tema. En lo que todas coincidimos es en el absoluto respeto de la Constitución Política y las leyes vigentes.

Por tanto, consideramos que el Gobierno tiene la obligación de resolver el vacío legal que existe para dar cumplimiento a la ley.

Los medios de comunicación han realizado varias encuestas para tener la opinión de los guatemaltecos, acerca de la aceptación o rechazo de la pena de muerte. El 85 por ciento de las personas encuestadas se han pronunciado a favor de la misma.

Si analizamos la situación desde el punto de vista de las víctimas de crímenes de alto impacto que han tenido la valentía de denunciar y seguir el tortuoso proceso de un juicio -cuya duración es de un lapso mínimo de tres años para que un Tribunal de Sentencia condene a los imputados y otro año adicional, para que los condenados apelen a todas las instancias del Organismo Judicial y Corte de Constitucionalidad-, entenderemos muy bien la frustración que sienten al ver que, después de todo ese desgaste emocional, mental y económico sufrido en busca de la justicia, a la fecha no se han ejecutado las sentencias dictadas por los tribunales y confirmadas por las salas de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad.

Por tanto, es imperativo que la Corte Suprema de Justicia presente al Congreso una iniciativa de ley que establezca ante que instancia deben presentarse las solicitudes de indulto, y bajo qué circunstancias podría concederse el mismo, con el propósito de poner fin a esta situación de incertidumbre, que no permite la conclusión del proceso penal.

La extrema violencia y saña de los criminales nos deja aterrorizados y conmovidos, pensamos en el dolor de las madres, padres, hijos y hermanos.

Comprendemos claramente, que la impunidad está fomentando la actividad de los delincuentes, quienes se sienten confiados de que el brazo de la justicia no los alcanzará para aplicarles la pena máxima que se merecen.