EDITORIAL
Elección de CSJ, bajo observación

Luego del trabajo realizado por la Comisión Postuladora, el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y de magistrados para las salas de Apelaciones se traslada de lleno esta semana al Congreso de la República, que debiese actuar con responsabilidad y sin banderas políticas, si se quiere empezar el rescate de la credibilidad institucional de ese organismo del Estado.

Esta elección ha captado el interés general. Primero fueron los grupos pro justicia; luego, la prensa nacional, y durante el proceso mismo se sumó la atención de la comunidad internacional, todos enfocados con la misma preocupación: que uno de los tres poderes del Estado no caiga en manos de representantes de los llamados grupos paralelos o de sectores políticos vinculados a éstos.

El Congreso, que ha sido severamente criticado en sus primeros nueve meses de gestión, por diversas causas, tiene ahora en sus manos una excelente oportunidad de demostrar que puede actuar seria y responsablemente en uno de los temas más sensibles y delicados, como es el de definir el futuro de la aplicación de la justicia en el país.

Una mala o equivocada elección de magistrados podría condenar a la Nación a cinco años de retroceso en el ámbito de la justicia, de la misma manera que una acertada escogencia de los señores diputados permitiría que continúe la modernización del Organismo Judicial y daría un paso en firme en la búsqueda y consolidación de un auténtico estado de Derecho.

Mientras surgen rumores de posibles componendas y hasta de compraventa de votos, los grupos pro justicia piden dos cosas fundamentales: que no se precipite la elección y se haga a conciencia el análisis de los candidatos, y que se les elija por votación nominal. Ambos planteamientos parecen enmarcados dentro de lo lógico y lo normal, si se quiere actuar con transparencia.

El Organismo Legislativo debe comprender la magnitud y trascendencia de esta elección. Una respuesta irresponsable de parte de los diputados podría traer mayor descrédito para ellos, pero también podría llevar a reiterados señalamientos directos, a una severa fiscalización de la sociedad civil para determinar vínculos politiqueros y otras consecuencias, todas negativas para el Congreso mismo.

La situación es tan delicada que no habría que descartar, incluso, reacciones de la comunidad internacional, que ya en la lucha contra la corrupción se ha mostrado inflexible, como lo demuestra, a manera de ejemplo, la revocatoria de casi 150 visas por parte de Estados Unidos a personas que pudieran tener vínculos con hechos de latrocinio o con los grupos de poder paralelo y oscuro.

Cada diputado en lo particular deberá responder ante sus electores y ante el pueblo en general por su voto en esta elección. El país demanda de cada uno de sus representantes una muestra clara de que su principal compromiso es con el país y no con los intereses politiqueros que muchas veces prevalecen en el Congreso. La respuesta está por darse.