CONCIENCIA
Cumplimiento sin excesos
Ojalá los conflictos por la propiedad de la tierra pudieran resolverse mediante la conciliación o el arbitraje.
Por: María Isabel Bonilla

De acuerdo con reportes de prensa, con investigaciones llevadas a cabo, y con información gubernamental al respecto, la constante invasión de fincas propiedad del Estado de Guatemala o propiedad de particulares ha sido utilizada en varias oportunidades como un mecanismo de presión para atraer la atención pública y acelerar la toma de decisiones gubernamentales o privadas.

En otros casos se utiliza como un genuino intento de un grupo de pobladores por recuperar la posesión de un bien inmueble cuyo dominio es cuestionado. También se registran invasiones motivadas por un líder cuyo negocio es la venta de lotes mediante el engaño; o las invasiones cuyo origen es un conflicto laboral.

Finalmente, las invasiones tienen su origen en el irrespeto a los derechos de propiedad, a la inseguridad jurídica que prevalece en el tema, y a la incapacidad de educar a la población sobre la importancia de respetar derechos y reconocer obligaciones.

Independientemente del motivo, y de acuerdo con la legislación, al afectado le asiste el derecho de detener las invasiones y exigir el desalojo, con el auxilio de jueces y de la Policía Nacional Civil, y de iniciar un proceso para deducir las responsabilidades penales y civiles a las personas que participan en una invasión.

Pero esto no significa que quien ejecute una orden de juez competente para llevar a cabo el desalojo, lo haga excediéndose en sus capacidades o pretendiendo ser la ley o más que la ley.

Esto también puede ser considerado como un acto delictivo que debe ser castigado.

Sin embargo, los resultados del reciente desalojo llevado a cabo en la finca Nueva Linda, Retalhuleu, ha despertado la posibilidad de detener los desalojos y buscar otra vía para la solución de este tipo de conflictos, en vez de también castigar a quienes se excedieron en nombre de la ley.

El problema no radica en la figura del desalojo, sino en la creencia de que se puede hacer justicia con la propia mano, excederse en el ejercicio de una función o en el cumplimiento de una orden, con el respaldo de un cargo, un uniforme o un arma.

Lo ocurrido en la finca Nueva Linda ha desatado un interesante debate que debe llevar a propuestas realistas para la solución de problemas en el tema agrario, en el tema del ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el de la vida, la libertad y la propiedad, y en el de aplicación de justicia.

¡Ojalá los conflictos por la propiedad de la tierra pudieran resolverse mediante la conciliación o el arbitraje! Pero mientras esto no sea viable, los ciudadanos deben contar con herramientas legales que les permita recuperar sus bienes de quien los detenta en forma ilegítima, y que el Estado tenga la capacidad de castigar el abuso y el irrespeto a los derechos.

Pero prohibir los desalojos o detener aquellos que han sido autorizados por juez competente no soluciona los conflictos. Los agrava.