PERSPECTIVAS
Elección cuesta arriba
La búsqueda de los mejores candidatos que se ajusten al perfil de lo que requiere la aplicación de la justicia en Guatemala, debe ser la prioridad.
Por: Renzo Lautaro Rosal

La elección de los magistrados ante la Corte Suprema y Corte de Apelaciones ha estado presente como tema prioritario en diversos círculos del país, con mayor fuerza a partir del estira y encoge al interior de las comisiones de postulación y las negociaciones en el Congreso de la República.

¿Cuáles pueden ser las principales motivaciones para tan complejas discusiones? ¿Cuáles son los factores que alteran esta elección respecto a procesos anteriores? ¿Qué elementos se pueden mejorar para futuros procesos?

Es evidente que ninguna elección de este tipo está alejada totalmente de intereses políticos.

Esta elección es, sin duda alguna, un actividad eminentemente política. Pensar en lo contrario, es una muestra de ingenuidad. Es una actividad política, en la medida que están en juego las principales autoridades de uno de los poderes del Estado, y porque el rol de escogencia radica en un órgano de negociación política, el Congreso de la República.

Aún y cuando diversos sectores de la sociedad civil trataron por todos los medios posibles en hacer de este proceso de selección algo distinto a los anteriores, es evidente que varios de los rasgos tradicionales se han logrado mantener (integrantes de las comisiones de postulación abogan por sus recomendados, más que por el proceso; se requiere un mejor normativo interno en las comisiones; los procesos de revisión de currícula son generales, no entran en detalles).

Sin embargo, cabe señalar que los últimos dos procesos han mejorado en varios aspectos significativos: la coordinación de las comisiones está en manos de rectores de importantes universidades, el tema está presente en las agendas de los medios de comunicación, se han provocado varios debates y foros de discusión, las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol activo, entre otros factores.

El proceso de selección de los magistrados es perfectible, como todo proceso complejo en la dinámica política. La búsqueda de los mejores candidatos que se ajusten al perfil de lo que requiere la aplicación de la justicia en Guatemala, debe ser la prioridad. La activa participación de los profesionales de las ciencias jurídicas debe apegarse a la relevancia del proceso, más que a los intereses sectoriales de los grupos a los cuales se diga representar.

Aun y cuando el tema de la selección ha estado presente en los medios de comunicación, se requiere una mayor profundización en su abordaje que apunte a los elementos medulares de la institucionalidad judicial. La incidencia de la sociedad civil debe continuar, pero con perspectiva de perfeccionamiento de la institucionalidad. El tema de la reelección requiere abordarse con mayor profundidad.

Destaca entre los temas pendientes para las siguientes selecciones, la urgencia de modificar substancialmente la totalidad del proceso: desde la reglamentación interna de las comisiones de postulación, su misma integración, la forma para mejorar la relación con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, un mayor conocimiento de cómo se dan las deliberaciones al interior y el mejoramiento del proceso de presentación de impugnaciones a candidatos, entre otros.

Todos los procesos en donde intervienen comisiones de postulación deben modificarse. Probablemente, de continuar con el formato actual, no soporten los cuestionamientos de fondo a que han sido expuestos a lo largo de este año. La ciudadanía provista de información, ya conoce un poco más de estos procesos; pero aún hace falta hacer visible las implicaciones a partir de la composición de instancias como la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.