Diagnóstico de Banco Mundial muestra altos niveles de soborno
Corrupción: Informe sugiere reformas institucionales; jueces son los más señalados
Por: Martín Rodríguez P.

En el documento del Banco Mundial, entre las instituciones que se mencionan como honorables se destaca a las iglesias, la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) y la cooperación internacional. Fotos Prensa Libre: Archivo.

El Estado está apolillado. Por los jueces, por las empresas que sobornan para obtener contratos públicos, por los servicios a los que los pobres no pueden acceder.

Un diagnóstico del Banco Mundial (BM), en el cual se menciona esos problemas, pone la alerta en el nivel máximo para que el país reaccione con “reformas institucionales profundas”.

El informe recogió “experiencias, percepciones e indicadores de corrupción y gobernabilidad” entre muestras representativas de compañías privadas, empleados públicos, ciudadanos -jefes de hogar- y organizaciones de la sociedad civil.

El resultado es la primera muestra estadística del fracaso o del reto del país por revertir una historia carente de “elementos de gobernabilidad y de transparencia en el sector público y en la sociedad en general”, después de 20 años de democracia.

Ven sucios a jueces

El primero que debería efectuar una reforma es el Organismo Judicial. El 85 por ciento de las personas que participaron en el estudio de opinión consideran que el sistema de justicia es sobornado, y, peor aún, uno de cada cuatro tiene conocimiento directo de algún caso de ese tipo.

Los resultados son más alarmantes sobre las acciones de los jueces. Más del 70 por ciento considera que el sistema de justicia está manipulado por decisiones políticas del Gobierno, presiones económicas y poderes paralelos.

A siete de cada 10 encuestados no le merece confianza el Organismo Judicial. Y más de siete de cada 10 consideran que las leyes sólo se aplican a los más pobres.

Guatemala enfrenta “importantes desafíos” en las diferentes dimensiones de la gobernabilidad, se lee en el informe. Y lo tiene que hacer con un neumático desinflado: 73 por ciento del total de entrevistados calificó la situación nacional como mala o muy mala.

La factura que dejó el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco aún sigue cobrándose.

Todas las dimensiones de gobernabilidad del país -a excepción de estabilidad política- se deterioraron a partir del 2000.

De los 15 problemas que podrían afectar más a la población, los cinco más repetidos fueron la inseguridad, la falta de empleo, la delincuencia, el alto costo de la vida y la corrupción.

La desigualdad, pese a ser uno de los dos países latinoamericanos con menos equidad según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no está entre las preocupaciones de la ciudadanía.

Sector privado, corrupto

Por primera vez en el país, un informe también mide la otra cara de la corrupción, los sobornos privados.

Uno de cada cinco empresarios -16 por ciento- reconoció que paga sobornos para obtener contratos públicos.

Cada respuesta parece tocar la campana de alarma. Los empresarios reconocieron que gastan un porcentaje mayor de su presupuesto en sobornos que para invertir en seguridad.

Señalan que destinan en promedio 8.5 por ciento para corrupción y 5.5 para seguridad. También se menciona que las empresas pequeñas son las que más tienen que gastar en seguridad y menos en corrupción.

El diagnóstico dedica un apartado al proceso público de licitaciones, en el que, según las compañías que participaron en estos procesos en 2003 y en 2004, los mayores problemas reportados fueron la presentación de ofertas de relleno por competidores ficticios, el ajuste de términos de referencia a los intereses de una empresa y el monopolio de contratistas.

También, la modificación de términos contractuales durante la etapa de ejecución y el fraccionamiento de la facturación, en orden descendiente.

El diagnóstico encontró que los principales retos en el país serán la transparencia y la apertura de decisiones relativas a personal y presupuesto, así como aumentar las contrataciones y ascensos de burócratas, basándose en los méritos.

En el documento se hace énfasis en que la corrupción no sólo es el robo de dinero, sino también la “captura del Estado” por parte de intereses privados, por medio de sobornos, presiones o manipulaciones.

Las percepciones sobre la compra de empleados públicos son también desalentadoras. El que se llevaría los mayores abucheos es el Ministerio de Energía y Minas. El 65 por ciento de los encuestados considera que sus superiores son comprados.

Recomendaciones

El informe asegura que reducir la corrupción es más que un asunto de hacer cumplir la ley; se necesita reformas institucionales profundas.

El Banco Mundial recomienda atacar desde la corrupción administrativa hasta la captura del Estado a manos de intereses privados.

Además, sugiere fortalecer la responsabilidad política y la transparencia, promover un sector privado competitivo, reforzar las restricciones institucionales, mejorar la administración pública e incluir la participación de diversos sectores de la sociedad civil.

Los honorables

La falta de éxitos en la lucha del Estado para revertir una historia con ausencia de transparencia, no significa que en el país no existan instituciones respetables.

En el documento del Banco Mundial, entre las instituciones que se mencionan como honorables se destaca a las iglesias, la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) y la cooperación internacional.

Entre las estatales, lideran ese listado el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los maestros, la Universidad de San Carlos y los medios de comunicación son considerados honorables por casi el 60 por ciento de los encuestados.

Futuro: Progresos y retrocesos

Durante la administración del presidente Óscar Berger y del nuevo periodo de la Corte Suprema de Justicia ha habido más mejoras que retrocesos. El porcentaje de personas que reportó altos sobornos en la adjudicación de contratos descendió de 85 a 63 por ciento desde 2003 a 2005.

En la judicatura fue del 83 por ciento al 58, respectivamente.

El porcentaje de empresas que considera a la corrupción como la principal restricción para los negocios ha disminuido de más del 70 por ciento al 50 por ciento dos años después.

El informe recoge una percepción contradictoria. Aunque ha aumentado la cantidad de personas que reporta sobornos en servicios públicos, impuestos y permisos comerciales, los esfuerzos del Gobierno para la transparencia han hecho que la frecuencia de éstos muestre “signos claros de reducción”.