Piden revisar normativa
Demandan reforma para evitar pérdidas millonarias
Por: Martín Rodríguez P.

La mala utilización de la Ley de Maquilas (decreto 29-89), que ha provocado una pérdida al fisco de casi Q3 mil millones anuales, ha motivado a expertos a solicitar reformas a esa normativa.

Diversos sectores consultados coinciden en la necesidad de cambios, a excepción de la cúpula empresarial.

“Esa ley debería revisarse, para ver a qué empresas se admite, y evitar así que sea una competencia desleal para los empresarios que pagan impuestos”, opinó Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

A pesar de que esa normativa fue aprobada para incentivar la inversión extranjera y la actividad textilera, Prensa Libre obtuvo documentos oficiales que demuestran que menos de un tercio de las 700 empresas registradas son foráneas, y menos de la mitad son textileras.

A pesar de ello, tienen el beneficio de estar exoneradas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de la importación de búnker, fuel oil y gas butano y propano.

Mineras, embotelladoras, tabacaleras o empresas de cereales figuran en la lista.

Francisco Lorenti, de la Cámara de Comercio, coincidió en que debe revisarse los procedimientos para acogerse a ese decreto, y así no perder ese ingreso fiscal.

“A la luz de las prácticas en este tipo de leyes, es conveniente hacer una actualización en aspectos legales, como eliminar las ambigüedades de qué empresas pueden participar. Debería hacerse un estudio técnico sobre el impacto del 29-89”, expresó Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Carlos Barreda, del Colectivo de Organizaciones Sociales, recordó que el Pacto Fiscal establece en el apartado de ingresos del Estado que a partir del 2000 se debió eliminar esos privilegios.

“Es una competencia desleal para los empresarios que sí pagan impuestos. Es una ley que debe ser reformada”, dijo Barreda.

Una parte del sector privado parece ser la excepción. Carlos Zúñiga, vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, defendió el 29-89, y aseguró que a éste se debe el crecimiento económico de los últimos años.

“El cambio que se ha vivido de una agricultura de subsistencia a una agroindustrial es gracias a esta ley”, aseveró Zúñiga.

Algunos están dispuestos

Diputados de distintas bancadas apoyaron la idea de reformar el decreto 29-89.

“Cuando aprobamos su reforma en el 2004 (y se ampliaron las exenciones) lo pudimos haber corregido, porque al Ministerio de Finanzas le preocupa. Deberíamos retomar el tema”, dijo el legislador oficialista Víctor Ramírez.

Carlos Marroquín, vocero de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que, si bien el espíritu de la ley es válido, se debe revisar, para que no haya evasión fiscal.

La ley define maquila como el valor agregado nacional generado a través de la producción o ensamble de mercancías.

Comparación

Estos son algunos números sobre la ley 29-89.

El fisco perdió más dinero por las exenciones de la ley 29-89 que lo que invirtió, por separado, en distintas actividades en el 2004.

Se dejó de recibir Q2 mil 937 millones.

Estos son algunos ejemplos de la inversión del Gobierno, todos debajo de lo que dejó de percibir el fisco por la Ley de Maquilas. En infraestructura se invirtió Q2 mil 380 millones; en seguridad, Q1 mil 971 millones, y en Justicia, Q1 mil 234 millones.

Declaraciones

•“Pudimos haber corregido el tema en el 2004. Deberíamos retomarlo este próximo semestre en el Congreso”, expresó Víctor Ramírez, presidente de Comisión de Finanzas.

•“La ley era para atraer más inversión, pero si hay empresas que se acogen para evadir, es competencia desleal”, declaró Pedro Prado, economista de Asies.

•“El concepto de la ley no está mal, pero deben quitarse ambigüedades sobre qué empresa puede acogerse a ella”, dijo Jorge Lavarreda, economista del CIEN.

•“El Pacto Fiscal deberá abordar este componente. Se debe impulsar otro tipo de incentivos a la exportación”, expuso María Antonieta de Bonilla, ministra de Finanzas.