SENTIDO COMÚN
A los maestros
Los padres de familia quieren mejor educación para sus hijos; tienen la responsabilidad y el derecho de hacerlo.
Por: Manuel F. Ayau Cordón

Todos hablan de derechos, pero cada quien entiende cosa distinta. Pregúntese: ¿Tienen los padres de familia derecho a educar a sus hijos? Otra pregunta: ¿ya les quitó el Gobierno (los políticos) ese derecho, o ya los relevó de su responsabilidad?

La política de educación, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, debe ser la de que el Gobierno atienda exclusivamente la educación para niños cuyas familias no pueden, o no quieren, pagar escuelas privadas. El Gobierno debe dejar la educación privada donde corresponde, a los padres de familia y no interferir en los contratos privados entre profesores y padres de familia.

No se trata de algo público, sino de algo muy privado. El Gobierno no es nuestro papá; ya los ciudadanos somos adultos y no corresponde a los políticos (el Gobierno) decirnos cuánto debemos pagar de cuota al colegio privado, pues si no nos parece lo que cobra uno, lo mandamos a otro, a los colegios públicos, o ponemos un colegio. ¿Acaso ya no tenemos derecho de pagar lo que nos parezca?

Tampoco corresponde al Gobierno inmiscuirse en los contratos privados entre dueños de colegios y profesores, pues ambos son ciudadanos adultos que tienen voluntad propia y si a una parte no le parece lo que la otra propone, es libre de no hacer el contrato.

¿Acaso le compete a un gobierno obligar a una de las partes a aceptar condiciones contractuales distintas a las que libre y pacíficamente está dispuesto a contratar? Tampoco los gobiernos (los políticos) tienen competencia para decirles a los padres de familia cómo deben educar a sus hijos, pues los alumnos no son hijos de los políticos ni de los ministros, ni de los maestros. Por ello es que no es legítima (aunque increíblemente sí es legal) su intromisión.

¿Qué nos pasó a los ciudadanos que permitimos esa usurpación de nuestros derechos?

Si se insiste en “control” de títulos escolares por parte del Gobierno, éste debería reducirse a exigir que para tener reconocimiento oficial de un título, el alumno tendrá que pasar un examen de lectura, gramática y matemática. Lo demás, que se enseñe según exigencia de los padres. Cierto, habrá algunos padres sin interés; pero también habrá una abrumadora mayoría de ellos que sí se preocupan, lo cual servirá, incluso, a los hijos de los desamorados.

Es absolutamente ridículo e inaudito justificar la intromisión del Gobierno (los políticos) en la educación de nuestros hijos, aduciendo que de otra manera no serán educados, y en seguida proceder a entrometerse, interferir y estorbar la educación particular, voluntaria, contractual, pacífica y libre, supervisada por los padres de familia. La educación privada debe ser privada, por derecho ciudadano.

Si los contribuyentes quieren ayudar a educar a estudiantes pobres, que se aprenda del mejor ejemplo de la historia: después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de EE.UU. dispuso pagar becas de colegiatura a veteranos que quisieran educación universitaria.

Éstos escogieron la carrera y la universidad dónde estudiar. El Gobierno no estableció universidades y no existía el Ministerio de Educación. Aprovechó las universidades existentes y surgieron muchas otras opciones para competir por servir a estudiantes. Se evitaron los problemas de crear y operar una gran burocracia, proliferaron oportunidades y como la demanda para profesores aumentó, su remuneración también.

El sistema fue eficiente y económico.

El Ministerio de Educación deberá, algún día, convertirse en un administrador de becas para estudiantes de bajos recursos y dejar la responsabilidad a quienes los políticos se la quitaron, a los padres de familia.