EDITORIAL
Amenazas sobre futuro energético

Las recientes fallas en la hidroeléctrica Chixoy parecen ser un anticipo de la crisis del sistema eléctrico nacional previsto por las autoridades del sector para los próximos dos años, debido al crecimiento de la demanda y al estancamiento de la oferta, así como por la obsolescencia del equipo generador en servicio.

Aunque es motivo de optimismo el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina sobre el repunte alcanzado en 2006 por Guatemala en generación de energía (tres mil 245.50 gigavatios-hora, 317.60 más que en 2005) y la diversificación de sus fuentes, hasta incindir en el descenso del empleo de diésel para producir electricidad, gravita sobre el país la amenaza de las interrupciones y los racionamientos.

Y aunque, a la luz de aquel informe, la diversificación del parque generador puede significar, desde ya, algún grado de independencia del exterior, baja en la factura petrolera, particularmente sujeta a los altibajos del mercado mundial de los hidrocarburos, y reducción de los riesgos de depender de una sola fuente, en la práctica se ven distancias para asegurar un abastecimiento de electricidad seguro y normal en todo tiempo.

Ciertamente, el país ha dado saltos en materia energética, pues del 42 por ciento de cobertura de hace unos 10 años, uno de los más bajos de América Latina, pasó en 2006 al 85 por ciento.

Pero aún continúa sujeto a un riesgoso 65 por ciento de electricidad de origen térmico derivado del petróleo y sólo el 35 por ciento de otras fuentes, mientras la demanda aumenta en al menos seis por ciento anual, sólo por el crecimiento de la población.

Pese a esos avances, aún es modesto el aprovechamiento nacional en relación con el potencial de generar 10 mil 890 megavatios por medio de hidroeléctricas, 700 con fuerza geotérmica y mucha más energía a partir del bagazo de caña o de alcoholes carburantes.

Especialmente penoso es lo que sucede en el ámbito de las hidroeléctricas, porque agitadores profesionales se han encargado de indisponer a vecinos de diversas regiones del país, como Petén, Zacapa, San Marcos y Quiché, contra proyectos necesarios para satisfacer sus requerimientos de energía y mejorar su nivel de vida.

Esto se complica porque el Gobierno carece de políticas claras en la materia, que respondan a dudas sobre la regulación del agua y garanticen y defiendan los intereses comunitarios, a fin de asegurar el líquido para consumo humano, riego y otros usos.

Los pobladores tienen derecho a exigir estudios de impacto ambiental, técnico, cultural y de cualquier naturaleza, a fin de garantizar que no habrá impactos negativos en el patrimonio público y particular, ni en su forma de vida. Pero no pueden mantener una oposición irracional hacia una actividad esencial cuya característica es la generación de energía limpia.

Mientras el país se rezaga en este ámbito, naciones vecinas como El Salvador, Nicaragua y México avanzan en la construcción de hidroeléctricas, pese a que carecen de la riqueza hídrica de Guatemala.

Cuando falte la electricidad, esos grupos podrían ser los primeros en protestar y exigir al Gobierno la provisión de energía. Por desdicha, esa amenaza no la ven ahora, porque los manipuladores han sido hábiles para vendar sus ojos y explotar resentimientos y egoísmos.