TIEMPO Y DESTINO
Magistrados del Tribunal Electoral
La Ley Electoral y de Partidos Políticos debe ser reformada a fondo.
Por: Luis Morales Chúa

El actual régimen electoral guatemalteco tiene sus fundamentos cercanos en la Constitución Política de 1945, punto de arranque de la modernización del Estado.

En efecto, la Revolución de Octubre abrió las puertas a la pluralidad de partidos políticos, rompiendo con ello el bipartidismo tradicional de liberales y conservadores, que habían traído al país de una dictadura a otra, como las de Estrada Cabrera, Jorge Ubico y las que, después de 10 años de democracia (1944-1954), congelaron los intentos de lograr una verdadera democracia, al cortar de raíz el deseo nacional de contar con un sistema electoral propicio a la participación de todas las corrientes políticas.

En 1985 (40 años después de la emisión del texto constitucional antes citado) se produce un nuevo intento de democratizar las elecciones. Es emitida una nueva Constitución y ya se cuenta para entonces con un Tribunal Supremo Electoral, establecido en 1983, concebido para que el ejercicio del sufragio fuese respetado, no obstante que la población sufría por esos tiempos la más dura de las represiones de que tenga noticias el pueblo de Guatemala.

Los principios en que se fundamenta el TSE son buenos. Se le concede independencia de los organismos del Estado, con el fin de terminar con la historia de fraudes electorales, cuyo origen debe ser buscado en el sometimiento de las autoridades electorales anteriores al Organismo Ejecutivo.

La historia, sin embargo, enseña que la bondad de esa institución, como la de todas las demás, no es un asunto de leyes, sino de voluntad, talento, honradez y patriotismo de los obligados a aplicar las leyes.

Estos días ha principiado entre los abogados un movimiento intenso para renovar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Cincuenta y cinco de ellos han firmado un documento de apoyo a la candidatura de la abogada Crista Ruiz Castillo de Juárez, primera profesional que se lanza a la palestra en pos de una magistratura en el citado tribunal. Sin duda, ya aparecerán otros dispuestos a ejercer su derecho a ser electos.

El grupo promotor que impulsa esa candidatura me envió ayer la hoja de vida de Crista. He aquí sus grados académicos: licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales; licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación (Usac); maestría en Derecho Consuetudinario Indígena (Unam-Usac); maestría en Técnicas de Investigación Social (Usac); maestría en Derechos Humanos (Usac-Unam) y maestría en Docencia Universitaria (Usac); abogada y notaria.

Cursos a nivel internacional: a) Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, de Madrid: Programa de Intercambio de la Asociación Convivencia Española; b) Unión Europea: recurso de amparo y ocurso en Tribunal Constitucional; el Proceso Oral; Derechos Humanos: caso Pinochet; c) Universidad Pontificia de Salamanca: Derechos Humanos y sus repercusiones en las relaciones internacionales, y d) Barra de Abogados Mexicana y Colegio de Abogados de Guatemala: diplomado en Derecho Constitucional.

Ha desempeñado 10 cargos docentes a nivel universitario y publicado las obras Teoría General del Proceso (12 ediciones), Historia del Derecho (11 ediciones) y ha escrito 19 manuales de estudio para estudiantes universitarios. Acredita, además, 13 reconocimientos por su trabajo profesional y su extensa labor docente.

La competencia será fuerte, por el hecho de que los actuales magistrados tienen la intención y el derecho de buscar reelegirse, y sean quienes fueren los futuros integrantes del TSE, deben admitir, como punto primero, que el actual sistema electoral adolece de notorias deficiencias, y es un deber promover su reforma, para que pronto tengamos una ley sustancialmente mejorada, que garantice en toda su plenitud el ejercicio del sufragio.