COLABORACIONES
De nuevo las ONG
Las organizaciones sociales están alerta porque el Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2008 le ha destinado fondos millonarios a entidades que no se pueden fiscalizar.

• ES UN LAVADO DE DINERO

El Estado se debilita al delegar funciones que deberían ejecutar de forma directa.

Por: Marvin Flores*

El traslado de recursos del Estado para ser administrado por terceros es una práctica que se da desde hace varios años y que se ha convertido en una regla.

Año con año aumenta la cantidad de recursos públicos manejados por organizaciones no gubernamentales y fideicomisos. El recién aprobado Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2008, no es la excepción.

El caso más grave lo constituyen los recursos destinados a la inversión pública a cargo del Sistema de Consejos de Desarrollo, que para el año 2008 ascienden a Q1 mil 263 millones. Recursos que, lejos de trabajarse de forma coordinada con las municipalidades, son trasladados a ONG para que los ejecuten, esto se puede comprobar en www.guatecompras.gt.

Otras instituciones que recurren a esta práctica son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el Programa de Extensión de Cobertura. Similar situación sucede con algunos servicios que contrata el Ministerio de Educación, el Fondo de Desarrollo Indígena y una buena cantidad de municipalidades.

Para el próximo año, no menos de dos mil millones de quetzales serán administrados por ONG.

El problema no es la figura de éstas ni tampoco la del fideicomiso. En el primero de los casos, ésta ha sido usurpada y utilizada, en su mayoría, por ex funcionarios públicos que luego de cumplido su período en el poder se dedican a fundar este tipo de organizaciones, con el único objetivo de manejar fondos del Estado.

Estamos hablando de ex diputados, ex gobernadores departamentales y ex alcaldes. Muy diferente es el caso de las verdaderas ONG, que trabajan con grupos vulnerables de la población y los fondos que utilizan provienen de la cooperación internacional.

Los problemas que se generan cuando las ONG administran fondos públicos son: que la Contraloría General de Cuentas tiene dificultades para fiscalizar, los trabajadores no pueden ser investigados, ya que no son ni empleados ni funcionarios públicos, y además, cobran un porcentaje del dinero que administran, el cual puede ir del tres al siete por ciento.

Lo peor de todo es que el Estado se debilita al delegar funciones que debería ejecutar de forma directa. Lejos de estar trasladando funciones, el Estado debe capacitar su recurso humano, establecer la carrera del servidor público, modernizar sus procesos y reformar todo su andamiaje normativo e institucional.

(*) De Acción Ciudadana.

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• MILLONES SIN FISCALIZACION

El Congreso de la República no ha explicado a la ciudadanía las asignaciones a ONG.

Por: Orlando Blanco*

La discusión y aprobación del presu- puesto de Ingresos y Egresos de la Nación para 2008 estuvo caracterizada por negociaciones poco transparentes, componendas oscuras, arreglos económicos y pactos.

El contenido del presupuesto aprobado recortó asignaciones a importantes programas y realiza incrementos injustificados a diversas instituciones. Asimismo, dispone medidas que fomentarán la corrupción en el manejo de los fondos públicos.

Se deja abierta la posibilidad de constituir nuevos fideicomisos, a pesar de que actualmente se manejan 16 mil 500 millones anualmente por estas entidades, que no se pueden fiscalizar. Deja abierta la puerta a las transferencias presupuestarias, dándole una riesgosa discrecionalidad al nuevo gobierno para la asignación de los recursos, como sucedió en la época de Alfonso Portillo.

Una de las anomalías contempladas es la utilización de ONG para su ejecución. Esta disposición abre la puerta para que más de Q1 mil 200 millones puedan ser trasladados a estos organismos para la realización de la obra física.

Asimismo se han dispuesto Q72 millones para ser entregados a diferentes ONG, sin establecer adecuadamente los objetivos, metas y resultados que se quieren obtener; no se regula adecuadamente los requisitos que deben presentar estas entidades para el manejo de fondos públicos.

Además, no se incluyeron los convenios respectivos que median entre la asignación; tampoco se obliga la presentación de informes trimestrales y al establecimiento de la evaluación.

Entre las asignaciones realizadas llaman la atención y deben cuestionarse las de la Asociación de Veteranos Militares, con un aporte de Q5 millones, y de la Fundación Guatefuturo (Q30 millones), entre otras.

Las dudas sobre las motivaciones reales que tuvo la Comisión de Finanzas del Congreso crecen principalmente porque su presidente no ha sabido ni ha querido aclararlas.

Al final, los guatemaltecos asistimos a una nueva transa desde el Congreso de la República, que abre espacios a la corrupción, y el nuevo gobierno empieza a ser víctima de sus propios diputados, que le abren flancos de crítica y desgaste prematuramente.

(*) Dirigente del Colectivo de Organizaciones Sociales.