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EDITORIAL
Requerimientos para el diálogo
Con el anuncio del presidente electo, Álvaro Colom, de que convocará, en cuanto asuma el poder, a un diálogo nacional, la sociedad guatemalteca acudirá, por enésima vez, a uno de tantos esfuerzos estériles y perdidos, porque el único resultado ha sido el descrédito de ese ejercicio, no obstante su importancia para la gobernabilidad.
Desde el restablecimiento de la democracia, en 1986, los diálogos convocados por los distintos gobiernos han sido una verdadera pérdida de tiempo, especialmente por tres razones: porque los participantes han carecido de representatividad, por la ausencia de mecanismos de obligatoriedad para los concordantes, y porque los acuerdos alcanzados no han sido vinculantes para toda la sociedad.
La primera de las fallas de los procesos de consenso se ha reflejado en la irresponsabilidad, penosa y lamentable, de los dirigentes de los partidos políticos, al negarse a convertir en leyes el fruto de discusiones y acuerdos, debido a lo cual éstos se quedan en letra muerta y en simples buenas intenciones.
Es encomiable la disposición de Colom al diálogo, demostrada desde el día de su triunfo, cuando buscó y logró el respaldo de la mayoría de bancadas del Congreso para la aprobación del Presupuesto de la Nación para el 2008, la prolongación del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz y la Ley de Adopciones. Sin embargo, eso ha sido coyuntural y específico, y omite compromisos de largo plazo.
La agenda cortoplacista se limita a la perspectiva unilateral y hasta egoísta de un plan de gobierno, o de acciones específicas para el logro de fines político-partidistas, y soslaya el meollo de la problemática nacional, en la que ocupan lugar preferente la pobreza, que afecta al 51 por ciento de guatemaltecos -y dentro de ellos, a un 15.2 por ciento sumido en la miseria extrema-, así como la inseguridad, que cerrará este año con cerca de cinco mil muertes violentas.
Uno de los grandes obstáculos para el éxito de los diálogos nacionales han sido los políticos, que luego de avalar los acuerdos alcanzados se dedican a sabotearlos, como sucedió con las cuatro leyes marco sobre educación, seguridad, salud y desarrollo social, del Plan Visión de País, las cuales naufragaron en el Congreso después de que el 10 de octubre del 2006, los partidos se comprometieron a darles vida jurídica, con miras a tener una Guatemala distinta para el año 2020.
De manera que cualquier esfuerzo serio para enfrentar la problemática social debe tomar en cuenta tanto los insumos de aquella iniciativa, como los relegados acuerdos de paz y los compromisos de las Metas del Milenio, asumidos por Guatemala en las Naciones Unidas.
Sin duda alguna, el diálogo permanente representa una acción ineludible para atenuar la conflictividad social y garantizar la gobernabilidad, pero al margen de lo pasajero, el mejor esfuerzo sería el de la búsqueda de consensos en torno de una agenda de nación de largo plazo, a efecto de trazar el rumbo del país que queremos, y que sea respetada por cualquier partido que llegue al poder, indistintamente de su ideología.
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Q 7.62134