TIEMPO Y DESTINO
Las ejecuciones extrajudiciales (10)
¿Puede Guatemala vivir sin la Policía?
Por: Luis Morales Chúa

Finalmente, el fondo oscuro del sistema operativo de algunas dependencias públicas ha estallado, lanzando al ambiente nacional e internacional una nube pestilente que obliga al mundo a taparse las narices.

Aquí, algunos funcionarios y empleados públicos roban, secuestran, torturan, asesinan, incendian viviendas, queman personas vivas, malversan fondos fiscales, dilapidan el patrimonio nacional y lanzan anualmente a la circulación miles de millones de quetzales que son gastados sin el debido control.

La corrupción campea por todas partes; pero, la peor de todas, la que bate marcas, la que más lastima la conciencia nacional, es la que desemboca en asesinatos policíacos.

Es una herencia que la Administración arrastra, pesa mucho, y ha sido necesario un incidente internacional para que se admitiera el funcionamiento de un siniestro aparato de muerte enquistado en el vientre de las fuerzas de seguridad gubernativas y, de no ser por el caso de los diputados salvadoreños, la situación habría seguido en las tinieblas.

Ahora, por fin, se sabe también en dónde se originan los allanamientos a oficinas de los defensores de los derechos humanos, los asesinatos de algunos de estos, el robo de computadoras para escudriñar hacia qué zonas del poder apuntan los documentos almacenados en esos ordenadores, y entorpecer las investigaciones en desarrollo.

En resumen, los hechos relacionados han permitido establecer que las ejecuciones extrajudiciales y la limpieza social existen. No son fantasías negras de los periodistas.

Afortunadamente la Administración —bajo presión internacional— ha tomado varias iniciativas encaminadas a remediar, en la medida de lo posible, esa situación.

Una es el impulso dirigido a la aprobación del convenio suscrito con las Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

Otra, el acuerdo 74-2007 (05.03.07) del presidente de la República, por el cual habrá una depuración total de la Policía Nacional Civil, principal foco de los ataques contra el estado de Derecho, y refuerza el procedimiento administrativo disciplinario.

También cabe citar la apertura a la investigación policíaca internacional, representada por detectives de los Estados Unidos y El Salvador, que buscan encontrar los móviles de los crímenes; y las pesquisas parecen estar dando resultados, ya que el viernes el director de la Policía Nacional Civil informó a los periodistas que tiene en su escritorio los nombres de “las personas que ordenaron a cuatro agentes de la División de Investigaciones Criminales (Dinc) asesinar a tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y a su piloto, el 19 de febrero recién pasado”.

Esa declaración oficial confirma que en Guatemala funciona un poder paralelo, clandestino, armado, con capacidad para dar órdenes a policías claves, saltando sobre el poder legalmente constituido.

El siguiente paso será completar la identificación de todos los involucrados en las dos masacres, para satisfacer los reclamos del presidente salvadoreño, que no quita el dedo de la llaga, y muestra una disposición férrea para que la investigación multinacional llegue, como ha dicho, hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga.

La fase terminal del caso será capturar a los autores intelectuales, algo muy difícil, porque, si el director de la Policía está en lo cierto, son personajes todopoderosos en el reino del crimen, y llevarlos a juicio puede resultar más complicado que construir una Policía completamente nueva.

¿Es posible esto? Sí. Y algo más. Cuando Guatemala envía soldados a Haití está integrando una policía internacional, organizada por las Naciones Unidas —llamada misión de paz— que sustituye tanto al Ejército como a la Policía del citado país caribeño.

Lo mismo puede suceder en Guatemala un día cualquiera, cuando menos lo pensemos.