Macondo tiene un nuevo rey; se llama Jodiel. Ha podido persuadir mediante extorsiones clientelistas al presidente Buendía, a sabiendas de que esta acción comprueba con tildes y comas la teoría de la “opción pública” del premio Nobel James Buchanan, sabiamente sintetizado por Milton Friedman en un fragmento que dice así:

“¿Por qué habríamos de considerar en forma diferente a los funcionarios del Gobierno? También ellos tienen el propósito de buscar su propio interés. En el Gobierno, como en las empresas, debemos tratar de establecer instituciones bajo las cuales los individuos que busquen únicamente su propio provecho sean guiados por una mano invisible que los haga servir al interés público, en lugar de que los guíe, como sucede tan a menudo, un “pie invisible”, el cual los induce a servir a intereses privados que no figuraban entre sus objetivos de servicio. La incongruencia entre el modo en que concebimos al Gobierno y a las empresas ha sido largamente reconocida, pero generalmente solo se ha dicho en comentarios “aparte”.

Frédéric Bastiat lo remata con una sentencia lapidaria: “El Estado es la gran ficción a través del cual todo el mundo se esfuerza por vivir a costa de todo el mundo”.

Y bueno, que de eso se trata la firma de este pacto colectivo que los contribuyentes pagaremos, porque conviene a los intereses del mandatario y al jefe del grupillo de presión, que con argucia y manipulación ha podido concretar a cambio de los supuestos votos obtenidos por el primero por esta “renta política”.

Los niños, por supuesto, no han ganado. La calidad de la educación no ha ganado. Se han despachado con grosera avidez beneficios que favorecen a los maestros, pero no al bien común.

Ahora, las maestras embarazadas podrán faltar durante el período pre y posnatal hasta el 79 por ciento del año escolar. Y no tenemos nada en contra del pre y posnatal, pero aumentar los 83 días que da el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a 143, es una grosera impertinencia. ¿A cuenta de qué las prebendas? Por la misma razón que J.S. Mills lo señala en su libro Consideraciones sobre el gobierno representativo: “El principio del gobierno constitucional requiere que se asuma que se abusará del poder político para promover los propósitos particulares de quien ostenta el poder”.

El pacto colectivo firmado por un período de tres años puede servir para un “estudio de caso” de cómo los políticos son en realidad: empresarios que buscan conquistar un mercado (votos), a través de un producto (rentas políticas vendidas a grupos de presión).

La mayoría de los ciudadanos no estamos de acuerdo con este pacto colectivo, que para colmo de exageración tendrá un costo que oscilará entre Q3 millones y Q17 millones, pagaderos por los propios maestros (ergo, de la misma chamarra), pero no podemos hacer nada más que soñar que algún día se reformará la Constitución para restringir los incentivos perversos que se les brinda a los burócratas para el manejo de la cosa pública.

De manera que Jodiel ganó, pero perdieron los alumnos a quienes él, en su demagogia irreverente, dice defender. Ganaron los maestros que podrán ausentarse hasta el 45 por ciento del mes para asuntos de “interés gremial”, pero a costa de precioso tiempo irrecuperable del año escolar. De paso, se despacharon también a Pronade.

Y, por supuesto, los grandes perdedores somos todos los ciudadanos, que pagaremos, con nuestros impuestos, esa factura clientelista.

La reforma constitucional es urgente.

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