Santa Cruz La Laguna, Sololá, será el primer municipio donde las familias recibirán las transferencias económicas condicionadas, que se empezarán a entregar el martes de la próxima semana, en dos bonos.

El programa, que ayer entró en vigor mediante acuerdo gubernativo y se denomina Mi Familia Progresa, beneficiará en su primera fase a entre siete mil y nueve mil familias de Santa Cruz La Laguna y el cantón Panabaj, Sololá; Santa Lucía La Reforma, Totonicapán; Sibinal San Marcos y San Bartolomé Jocotenango, Quiché.

María Castro, directora del programa, explicó que se definieron dos tipos de bono de Q150 al mes.

Uno de ellos, de salud, destinado a familias con mujeres embarazadas o hijos menores de 6 años, y otro, de educación, para las familias con niños de 6 hasta 15 años. Dependiendo del caso podrán recibir uno o ambos.

Maestros y personal de salud verificarán que las familias lleven a los niños a la escuela y al centro de Salud, adonde también deberán acudir mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Cuando no cumplan habrá penalizaciones económicas, y si reinciden se les retirará del plan.

Con ese aporte se espera contribuir a bajar los índices de mortalidad materna e infantil, y de desnutrición, además de evitar la deserción escolar.

“Esto es solo una parte de las acciones en los municipios priorizados con mejoras en infraestructura, proyectos productivos, además de refuerzo en salud y educación”, añadió Castro.

Para elegir a las familias beneficiarias se está elaborando un censo en las viviendas de esos cuatro municipios, así como en el cantón Panabaj, y luego se evaluará su situación.

Personal de campo trabaja contra el tiempo para que las entregas se realicen dentro de “los cien días”, según se pudo establecer.

El pago se hará cada dos meses, a través de Banrural, y el aporte familiar solo se entregará a mujeres, quienes tendrán carné con foto y huella digital, para evitar fraudes.

Sin identidad

Uno de los problemas que han encontrado es que muchas mujeres no tienen cédula y no podrán recibir el pago hasta que se legalice su situación. “Hemos puesto asesores en las municipalidades, para agilizar el proceso”, afirmó Castro.

El Ejecutivo destinará Q50 millones para este programa, que se ejecutará en los 45 municipios priorizados, aunque todavía no está claro cuándo estarán incluidos todos.