Ciudad de México. Altos funcionarios estadounidenses no están obligados a pagar daños por el asesinato del comandante guerrillero Efraín Bámaca Velásquez, según un fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.

En el expediente número 06-5282 sobre la resolución del martes recién pasado, en poder de Prensa Libre, esa corte desestimó el recurso legal presentado en octubre último por la estadounidense Jennifer Harbury, viuda de Bámaca.

El fallo señala que la Ley Federal de Demandas por Delitos Civiles (FTCA, en inglés) no se aplica a hechos ocurridos fuera de EE. UU.

Sin embargo, los jueces de ese tribunal de apelación reconocieron que los alegatos de Harbury caben dentro del alcance de dicha ley.

Bámaca fue capturado, en marzo de 1992, por presuntos soldados a sueldo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés).

Según Harbury, la CIA informó a la Casa Blanca y a otras agencias del Gobierno de EE. UU. sobre la captura de Bámaca y que el Ejército simularía su muerte en combate, para sacarle más información.

El Ejército aseguró que Bámaca se había suicidado, pero su viuda ha denunciado que él fue “detenido, abusado, torturado físicamente” y luego ejecutado.

Harbury, abogada egresada de Harvard y autora de los libros Buscando a Everardo y Verdad, tortura y el estilo americano, demandó en la década de 1990 a funcionarios estadounidenses, entre ellos, a los directores de la CIA Michael Hayden, John Deutch, R. James Woolsey y Robert Gates.

Pero la Corte del Distrito de Columbia rechazó la mayoría de cargos, excepto el de recurrir a la FTCA.

En el 2000, la entonces fiscal general de EE. UU., Janet Reno, determinó que los acusados de la CIA habían actuado dentro de los límites de su mandato, los eximió de la acusación y dejó a EE. UU. como único defendido. Por ello, el caso quedó bajo el paraguas de la Ley Federal de Demandas por Delitos Civiles.

Harbury apeló la decisión de Reno, pero la Corte objetó el caso.

“Bajo la ley de Washing- ton, D.C., los defendidos de la CIA actuaron en este caso dentro del alcance de su trabajo. Sus labores involucraron la contratación y administración de informantes, la realización de operaciones encubiertas y obtención de información.

“Al cumplir con estas responsabilidades, obtuvieron información relacionada con la larga guerra civil en Guatemala y trabajaron con individuos en ese país que abusaron y asesinaron al esposo de Harbury. Bajo la ley de Washington, D.C., esas acciones fueron circunstanciales ante su conducta autorizada”, cita el texto del fallo de apelación.

En su reclamo, Harbury argumentó que “los actos de tortura no pueden caer dentro del alcance del trabajo”, a lo que el Gobierno adujo que tenía “cuestiones políticas” que una corte federal no podía atender.

La abogada culpa a EE. UU. de la muerte de Bámaca, al señalar que la CIA contrató y entrenó a militares guatemaltecos para obtener información sobre la guerrilla, por medio de tortura y técnicas de presión similares.