Más de 20 mil toneladas de recursos hidrobiológicos se pierden anualmente por las actividades de pesca sin regulación, informó ayer Alejandra Sobenes, viceministra de Ambiente.

Sobenes inauguró ayer el taller regional sobre gestión política con énfasis en el área marino-costera, y destacó que las pérdidas de ese recurso se calculan con base en cifras preliminares, pero, si se suman los costos por la pesca ilícita, el dato podría ser mayor.

Destacó que el Estado ha sido débil para controlar la pesca ilícita y proteger esos recursos, y por eso se busca fortalecer herramientas legales, a fin de cambiar tal situación.

Uso de las costas

Néstor Windevoxhel, director del Programa Arrecife Mesoamericano, destacó que el 21 por ciento de la población centroamericana vive en costas, y de ahí la necesidad de una política específica.

Agregó que el recurso marino representa la tercera fuente de ingreso de divisas para todos los países del Istmo.

Windevoxhel destacó que el valor de las zonas marino-costeras de Guatemala se calcula entre US$106 millones y US$258 millones al año, si se toma el valor del mercado de los productos extractivos y no extractivos del mar.

Agregó que el manejo integral de esas zonas permitirá el desarrollo sostenible de las comunidades y, a la vez, la protección de esas zonas biológicas.

Discusión

Con ese taller, el primero de una serie de encuentros, comenzó el trabajo para ordenar las actividades extractivas en las costas y controlar la pesca ilícita.

En la discusión también se abordó el aspecto del transporte y la navegación marítimos, como parte de tratados internacionales, pero también como parte integral de un sistema de conservación.

Se discutirá el aspecto de la vulnerabilidad de esas áreas, así como la propuesta de una hoja de ruta para llegar al diseño de una política marino-costera de Guatemala, de la cual se espera que esté lista en el transcurso de este año.