Los guatemaltecos que no tienen familiares residentes en el exterior, por razones económicas, probablemente desconocen que existe la Tarjeta de Identificación Consular (TIC), emitida por el Ministerio de Gobernación y reconocida como identificación personal válida en varios estados de la Unión Americana. Está en riesgo de que no se siga otorgando, como consecuencia de descuidos gubernativos, lo que causará problemas innecesarios.

El documento es entregado como parte de los programas de consulados móviles que se han organizado desde hace algún tiempo, y tiene muchas ventajas para el usuario, quien en muchos casos puede obtener licencias de conducir, abrir cuentas bancarias o presentar la tarjeta como identificación ante autoridades en una buena cantidad de estados de aquel país. Sin sustituir al pasaporte, en el cual se comprueba la condición migratoria, la referida tarjeta ayuda a nuestros paisanos en Estados Unidos a no tener necesidad de portarlo. Por eso, aquella tarjeta es un documento valioso.

Esta semana, la cancillería guatemalteca advirtió públicamente sobre el vencimiento de contrato para la emisión de esos documentos con la empresa hasta ahora encargada. Y, de paso, previó el surgimiento de una crisis, la cual sería eliminada con un decreto gubernativo de urgencia, para permitir que sea designada arbitrariamente a una empresa privada, sin licitación ni verificación pública para elaborar la mencionada tarjeta consular.

A pocos ciudadanos les pueden quedar dudas de que, a causa de la manera como se están manejando algunos temas en el Gobierno, este nuevo caso de asignar un contrato sin licitación será fuente de más suspicacias. Esta tarjeta consular está relacionada con la seguridad y prestigio nacionales, además de que constituye un negocio atractivo. Para emitirla, se utilizan los datos de identificación manejados por el Ministerio de Gobernación. Es decir, es una identificación oficial, cuyo contenido de huellas, fotografías y todo dato reconocido por el gobierno guatemalteco es valioso ante la ley, las autoridades estadounidenses y, en especial, para los usuarios.

Dado que es un tema particularmente complejo y delicado, vale preguntarse cuál es la razón de las autoridades para que parezcan haber decidido utilizar el mecanismo de un decreto gubernativo de urgencia para evadir los controles legales, y el motivo de evaluar a la empresa a cargo de emitir semejante documento. Es menos complicado prolongar, por un breve tiempo, la situación actual y dejar que el documento lo siga emitiendo la misma empresa, mientras se convoca a una licitación transparente, a efecto de elegir al proveedor más conveniente para el Gobierno.

Al final de cuentas, la TIC es tan sólo un documento guatemalteco; su valor está en la credibilidad que tiene en este momento y en los datos en ella contenidos. Si se apresura la contratación de un proveedor sin licitar, se camina directamente a un mar de suspicacias del cual, difícilmente, se podrán sobreponer éstas o cualesquiera otras autoridades.