Las promesas que se incluyeron en el Plan de los Cien Días, que la UNE ofreció para poner un freno a la inseguridad, violencia e impunidad, han sido cumplidas a medias; mientras expertos señalan las deficiencias, el Gobierno afirma que hubo avances.

Se ofreció la adquisición de más equipo para la Policía, y no se cumplió; prometieron aumentar la cantidad de agentes, y no lo hicieron.

Además, afirmaron que darían más apoyo financiero a las instituciones encargadas de investigar, pero solo se otorgó la mitad de lo ofrecido.

También se comprometieron a hacer mejoras en el 80 por ciento de las sedes policiales, pero solo se hizo en tres, por lo que, a cien días de haber iniciado el nuevo gobierno, falta un largo camino por recorrer para que haya cambios de fondo en seguridad.

En su favor las autoridades reportan una baja en homicidios e incidencia criminal, y varios decomisos de drogas.

Del 15 de enero al 4 de abril, el Gobierno registra mil 229 crímenes, lo que representa un promedio de 15 muertos por violencia al día; de esos, 12 son por hechos con arma de fuego.

En el 2006 el reporte fue de 17 muertos por violencia cada día, y en el 2007 esa cifra bajó a 16.

Los incumplimientos en el área de seguridad y justicia toman mayor relevancia al observar que el 54 por ciento de más de 10 mil guatemaltecos que participaron en el Voto Libre, de Prensa Libre, indicaron que la inseguridad es el mayor problema del país, seguido del aumento de precios, con 35 por ciento.

La percepción de analistas es que el Plan de los Cien Días nunca trató temas de fondo con incidencia determinante para mejorar la seguridad.

Ese plan incluía nueve puntos en el área de seguridad y justicia, entre los que estaban tomar el control de zonas rojas y corredores de droga, armas e indocumentados.

La violencia persiste en las zonas rojas, y ya suman unas mil 229 muertes este año; sin embargo, en comparación con el promedio de muertes de los últimos cuatro meses del gobierno de Óscar Berger, hubo 120 homicidios menos.

La fuerza de la Policía se concentró más en el área metropolitana, ya que se incorporaron agentes de departamentos con menor incidencia criminal.

En los últimos días se han decomisado mil 636 kilos de droga, lo que representa la incautación más importante en varios años.

El fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) es uno de los ofrecimientos incumplidos, porque se prometió la contratación de 800 agentes, pero la próxima promoción suma 524, y se graduará en mayo de este año.

El referido plan también incluía la compra de 300 autopatrullas, 200 motocicletas, 200 equipos de comunicación, armamento liviano (dos mil unidades), armamento de grueso calibre (300 unidades) y mil 500 equipos de computación para sedes policiales. Sin embargo, no han salido a licitación, para su compra.

Se licitó la compra de 42 mil nuevos uniformes para agentes de la PNC, pero fue anulada el 4 de abril último. El plan establecía la reconstrucción de 80 sedes policiales, de lo cual se cumplió muy poco, ya que solo se inauguraron tres y se reabrieron otras tres subestaciones, en la provincia, que habían sido cerradas luego de disturbios, según un reporte policial.

Cumplido parcialmente

Se ofreció emplear a cien personas para inteligencia civil, pero ya suman 134 las contrataciones para la Dirección Nacional de Inteligencia Civil. De esa cantidad, 46 son investigadores, y 23 están en logística; el resto ocupan distintas áreas y se capacitan con el Servicio de Inteligencia chileno.

El presidente Álvaro Colom habló de continuar con el proceso de depuración de agentes de la PNC iniciado en el gobierno anterior, en el cual ya se dio baja a 448 policías, incluidos cuatro comisarios, siete subcomisarios y 333 agentes.

Otro de los nuevos enfoques del Gobierno en protección ciudadana es la organización de juntas locales de seguridad (JLS).

El Ministerio de Gobernación ha tenido acercamientos con las JLS, que suman 345, en su mayoría producto de gestiones del anterior gobierno, que logró integrar 344. En la actualidad se pretende que cada municipio tenga una organización que colabore con la seguridad, así como integrar a los gobernadores para que apoyen.

El Plan de los Cien Días establecía presentar una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la PNC, con cambios en reclutamiento y perfiles, pero solo se trabaja en modificar el Reglamento de Organización de la Policía.

Fortalecer sector justicia

El gobierno de la UNE ofreció dar Q100 millones al Organismo Judicial (OJ) para ampliación de cobertura a municipios y planes de capacitación. Al respecto, Guillermo Melgar, vocero del OJ, refirió que solo se recibieron Q50 millones para el pago de bonos de sueldo para ocho mil trabajadores.

Por su parte, al Ministerio Público se le ofrecieron Q100 millones, de los cuales ha recibido Q50 millones de un préstamo hecho por el Gobierno.

“Los resultados son parciales ahora porque el Estado tiene mecanismos de transferencia de fondos y compras que son lentos, y es en las compras donde más problemas tuvimos los ministros para cumplir el Plan”, explicó Vinicio Gómez, ministro de Gobernación.

Añadió: “De igual forma, tenemos resultados parciales, como una baja de 3.44 por ciento en la incidencia criminal, y en este tiempo hubo cien personas asesinadas menos, y continuamos con depurar la Policía y fortalecer la Inteligencia”.

En cuanto al incumplimiento en las compras, Gómez afirmó: “El Plan incluía varias adquisiciones, pero las normas de compras y contrataciones del Estado duran 180 días, entonces va a ser cuestión de tiempo para que los objetivos se cumplan”.

De acuerdo con Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, el Plan de los Cien Días no podía ser una realidad desde el principio. “Todas las compras de equipo que se incluían no podían realizarse, porque las leyes establecen más allá de los cien días del Plan para efectuarlas, por lo que eso no concuerda con los tiempos”, aseveró.

Añadió que otro error fue que esa estrategia no contenía metas en reducción de criminalidad e incidencia delincuencial, por lo que se dificulta medir los avances.

“Anunciaron que bajaron los homicidios, pero hechos de mucho impacto, como la muerte del ex asesor del Ministerio de Gobernación Víctor Rivera, la narcomatanza de 11 personas en Zacapa, y la primera crisis del Gobierno, en seguridad, por la muerte de cinco pilotos del transporte urbano en un día, hacen que la percepción de mejoría no llegue”, afirmó.

Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, acotó que ese plan ha sido incumplido en su mayoría, y destacó que los elementos incluidos no son fundamentales para reducir la violencia.

Agregó: “Las instituciones se han visto desbordadas por la crisis de inseguridad y el hecho de comprar o no uniformes o autopatrullas, o sumar 800 policías se convierte en un elemento que puede tener incidencia, pero no es suficiente para atenuar la crisis que vive el país”.