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BOGOTA (AFP) - La liberación de varios congresistas presos por presuntos nexos con grupos paramilitares, originó un debate en Colombia sobre la efectividad del proceso penal de la 'parapolítica', que coincide con el interés de la Corte Penal Internacional (CPI) de conocer la situación de los involucrados.

El proceso de la 'parapolítica', que se inició en septiembre de 2006 por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, ha llevado a la captura preventiva hasta ahora de 32 congresistas, la mayoría de ellos de la coalición oficialista que respalda al presidente Alvaro Uribe.

Al menos otros 30 políticos que están vinculados a la investigación esperan que se defina su situación jurídica.

La investigación busca establecer básicamente hasta qué punto los nexos con jefes de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), beneficiaron política y electoralmente a los congresistas involucrados.

Como resultado del proceso fueron a la cárcel, entre otros, los en ese entonces senadores Mario Uribe --primo hermano del mandatario colombiano--, y Alvaro Araújo --hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo--, mientras que el padre de éstos se encuentra prófugo de la justicia que lo requiere por la misma causa.

Varios de los capturados renunciaron a su investidura legislativa para evitar su juzgamiento por parte de la Corte Suprema, en donde no podrían apelar, y sus causas quedaron a cargo de la Fiscalía.

Este miércoles el ex senador Uribe salió de la cárcel luego de que el martes la Fiscalía decidiera su libertad condicional, pero sigue vinculado al proceso y ahora un fiscal especial tendrá que determinar si cierra el caso o lo llama a juicio con las pruebas.

Otros cuatro congresistas han sido liberados en los últimas semanas aunque continúan procesados, y al menos dos más han sido absueltos, en casos a cargo de la Fiscalía o de jueces que no dependen de ella.

Las decisiones coinciden con un requerimiento del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno, al gobierno para que le informe sobre cómo se definirá la responsabilidad de los políticos presuntamente vinculados con los paramilitares.

El interés de la CPI en el tema de la 'parapolítica' y la actitud que podría asumir frente a las decisiones de la Fiscalía, originaron de inmediato un debate sobre la forma en que esta última maneja el proceso en contraste con la rigurosidad de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, el ex vicepresidente, Humberto de la Calle, dijo a la radio RCN de Bogotá que los últimos hechos "permiten preguntarse si el edificio de la 'parapolítica' está quedando en ruinas".

Y al referirse al requerimiento de la CPI, De La Calle afirmó que se trata de una especie de 'tarjeta amarilla' o de advertencia.

"De la respuesta y los acontecimientos por venir, podría suceder que estemos frente a una posible intervención de la CPI, si no se considera satisfecha por las decisiones que se tomen en Colombia", advirtió el político.

Por su parte, la investigadora y analista del fenómeno paramilitar, Claudia López, dijo que las grietas en el proceso de la 'parapolítica' "han aparecido hace rato y ahora con más contundencia".

"A mí me preocupa la muy débil calidad de la investigación de la Fiscalía que no está haciendo investigaciones serias e importantes, a diferencia de la Corte", declaró.