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BUENOS AIRES (AFP) - El gobierno cedió a reclamos de diputados oficialistas y opositores y aceptó que el Congreso defina el precio a pagar por la reestatización de Aerolíneas Argentinas, en manos del grupo español Marsans, en medio del debate sobre el futuro de la firma en virtual quiebra.

"Lo que fije el Congreso va a ser lo que el Estado nacional finalmente pague por la empresa", dijo a la prensa el miércoles el líder de los diputados oficialistas, Agustín Rossi, al detallar los cambios al proyecto de reestatización de la línea de bandera, que votará el Congreso.

El texto que la presidenta Cristina Kirchner envió al Parlamento preveía, en cambio, que los legisladores refrendaran o rechazaran el acta-acuerdo que firmaron autoridades argentinas y directivos de Marsans en julio para el traspaso de la compañía, cuyo pasivo suma 890 millones de dólares.

Por ese documento, ambas partes debían acordar el mecanismo para fijar el precio de la empresa y sólo en caso de discrepancia acudirían a un tercer organismo neutral.

Los legisladores oficialistas acordaron además quitar la cláusula que abría la puerta a una futura reprivatización de la aerolínea, que figuraba en el acuerdo con los españoles.

Tras aprobarse este miércoles el dictamen en las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo pretende tratar el proyecto sobre tablas el jueves en la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría.

El dictamen precisa que 10% del paquete accionario quedará en mano de los trabajadores a través de Programa de Propiedad Participada y contempla los cambios al proyecto del Ejecutivo, lo que permitirá sumar a legisladores de la oposición de centroizquierda, según Rossi.

La peronista Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical, convocó a manifestar el jueves para respaldar frente al Congreso el tratamiento del proyecto oficialista.

Al aceptar algunos cambios, el gobierno intenta así calmar las voces disonantes dentro del oficialismo y quitar fuerza a un proyecto alternativo de la oposición que impulsa la declaración de quiebra de Aerolíneas y la creación de una nueva línea aérea estatal.

La oposición socialdemócrata, liberal, liberalcristiana y disidentes peronistas rechazaron que el Estado asuma la millonaria deuda de Aerolíneas y acusaron a Marsans de propiciar el vaciamiento de la empresa, en virtual bancarrota tras siete años de administración del grupo español.

La iniciativa para recuperar Aerolíneas, que junto con su filial Austral controla el 80% del mercado de cabotaje de Argentina, llegó al Congreso tras el revés sufrido en julio por el gobierno, cuando el Parlamento votó en contra de un proyecto de imponer impuestos móviles a las exportaciones de alimentos.

La privatización de AA y Austral fue una de las más polémicas de la década del 90, cuando el entonces presidente, Carlos Menem, (1989-99) las cedió por adjudicación directa a la española Iberia, pese a un aluvión de denuncias judiciales de corrupción.

Iberia se retiró del negocio en 2001 y dejó un pasivo de 700 millones de dólares, que tuvo que aportar el erario público argentino para transferir la posesión a Marsans, que pagó un precio simbólico de un dólar.

Con las dificultades de gerenciamiento por parte de Marsans, el Estado tuvo que pagar el mes pasado el salario de los 9.000 empleados de AA y Austral, en medio de conflictos entre los sindicatos aeronáuticos y el grupo español, que derivaron en cancelaciones y atrasos de vuelos domésticos e internacionales.