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Grandes temas pendientes se encuentran en el Congreso de la República, que está enmarañado entre el desprestigio y la incertidumbre, más preocupado por recuperar su deteriorada “imagen” y evitar la depuración temida, que de la enorme labor para la que fueron electos.

La ley de acceso a la información, la reforma fiscal, la ley de ambientes libres de humo del tabaco, entre otras, han encontrado pretextos para no ser discutidas y aprobadas.

Por supuesto que en medio de cada una de ellas hay acuerdos políticos que probablemente en otras realidades sean normales, pero aquí son perversos y debidamente gratificados.

Qué productivo sería si los diputados y diputadas conscientes y responsables tomaran distancia del lodo que ha ensuciado a muchos de sus colegas y levantaran esta agenda para probar a la sociedad que no todo está perdido en ese importante Órgano del Estado.

Y qué prueba más contundente enviarían al legislar en beneficio de la sociedad, sobre esos temas que son espinosos, que tocan intereses ancestrales, que reciben enormes presiones y que ponen a prueba conciencias y principios, que tienen que ver con el derecho a la información, a la salud y a una vida digna.

Próximamente llegará hasta sus curules otra iniciativa de ley que urge sea conocida y aprobada. Me refiero a una reforma al Código Penal, relacionada con la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Y ya que recientemente algunos (as) firmaron el llamado Libro de la Vida, con el argumento de no violentar ese derecho humano, esos mismos diputados (as) deberían abanderar la aprobación de esta ley, porque aborda precisamente el tema de la explotación sexual de menores, que es de vida o muerte.

Algunos fiscales, jueces y otras autoridades han consensuado estas reformas que buscan tipificar delitos que actualmente no se encuentran en el Código Penal y que son un verdadero atentado a la seguridad, la salud, la dignidad y la inocencia de menores, tan seres humanos como los propios hijos de los diputados.

Algunas de esas reformas se refieren al delito de pornografía infantil y de turismo sexual, y señalan a sus consumidores y clientes como delincuentes, por abusar de los menores. También considera que hay violación cuando la víctima es un niño, lo que actualmente se aborda como abusos deshonestos, y se proponen penas agravadas cuando el explotador o abusador sexual es un familiar de la víctima.

Este problema es de primer orden, anda oculto y clandestino, pero está aquí en la sociedad, goza de impunidad, como tantos otros delitos, tiene redes y es parte del crimen organizado y de los poderes paralelos; produce enormes ganancias del tamaño del sufrimiento de las víctimas y sus familias.

El Estado, en su conjunto, está llamado a abordarlo y abortarlo, para no ser acusado de proxeneta; el sistema de justicia no debe criminalizar a las víctimas, acusándolas de prostitutas y atropellando su dignidad.

La cultura del silencio arraigada en la población ha tendido su manto sobre este drama, convirtiéndonos, sin quererlo, en encubridores de delincuentes. Tan importantes son las leyes como las políticas públicas para enfrentarlo.

Este negocio abominable genera millonarias ganancias. Tanto los autores como los consumidores deben ser repudiados y castigados, ya que roban inocencias y lucran con los derechos humanos de las y los menores.

iliaalamilla@hotmail.com