Prensa Libre - Edición Electrónica

Un análisis efectuado por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) a la iniciativa de ley de acceso a la información concluye en que no viola la Carta Magna. De ser modificada, correría el riesgo de ser objetada en la Corte de Constitucionalidad (CC).

El Cedecon, una asociación civil constituida en 1992, privada, científica, académica, de investigación jurídica, apolítica y no lucrativa, consideró que tal y como está la iniciativa de libre acceso a la información puede ser aprobada por el Congreso, por lo que urgió a ese organismo a dar el paso.

Mario Fuentes Destarac, presidente del referido centro, declaró que, luego del análisis de fondo, se determinó que la propuesta de ley cumple con los objetivos para los cuales fue redactada y se apega a la Constitución en todos sus preceptos.

“Consideramos que si en algún momento se llegara a consultar a la CC, ésta no encontraría vicios, porque, hasta ahora, no se desprenden inconstitucionalidades en sus artículos”, aseveró Fuentes, y añadió que el Cedecon califica la norma en mención como de “excelente calidad”, y que, por tanto, el Congreso no debiera objetarla.

La opinión del Cedecon surgió en la víspera del inicio de un seminario de dos días —que empieza hoy—, en el Congreso, donde los diputados analizarán, a puerta cerrada, posibles enmiendas a la iniciativa.

Fuentes refirió que si las bancadas deciden hacerle cambios a la iniciativa, éstos serán analizados inmediatamente por el Centro. “Emitiremos nuestras observaciones y las haremos llegar al Legislativo”, afirmó.

Oscuras intenciones

Uno de los mayores temores de constitucionalistas y entidades a favor de la transparencia es que en ese debate de dos días el proyecto se tergiverse, en función de intereses de algunos parlamentarios que están en contra de la ley. La intención sería modificar la iniciativa para que al momento de ser enviada a la CC sea declarada inconstitucional y muera.

Alejandro Balsells, vicepresidente del Cedecon, ratificó que el proyecto de ley es una buena herramienta para generar mayor participación en el manejo de la administración pública. “En Guatemala hay bastante apatía para enterarse de los asuntos públicos, pero con esta ley existen numerosos instrumentos, especialmente electrónicos, para acceder a dicha información”, enfatizó.

“Obviamente, los datos sensibles como el historial médico de algún funcionario son confidenciales, y está estipulado en el artículo 7 de la ley”, explicó Balsells, por los cuestionamientos surgidos en el Congreso, sobre ese aspecto.

Varios parlamentarios, así como instituciones de Estado, han objetado la iniciativa —aprobada en tercera lectura y pendiente de discusión por artículos— y la critican de inconstitucional, con la excusa de que atenta contra la seguridad personal y de que generará burocracia.

Para Acción Ciudadana (AC), la fuerte oposición a este derecho se debe al temor de algunos legisladores o funcionarios porque se verán obligados a frenar sus cobros de comisiones por obras o bien el tráfico de influencias.

Según el Cedecon, la Corte Suprema de Justicia es una de las instancias donde es más difícil conseguir información. “Es terrible pedir datos allí”, se quejó Balsells.

AC considera también que de haber estado aprobada la ley, se habría podido evitar la pérdida de Q82.8 millones del Congreso.

Manfredo Marroquín, de AC, dijo: “Espero que no se toque el espíritu de la ley, porque, de ser así, nos opondremos rotundamente a su aprobación, ya que no tendría sentido”.