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Los diferendos territoriales que existen entre diversos municipios y departamentos del país, algunos de los cuales se remontan a disputas añejas de hasta cien años o más, podrían convertirse en focos de ingobernabilidad, y que además, en algunos casos son aprovechados por grupos organizados para cometer ilícitos.

Según el Ministerio de Gobernación, los diferendos territoriales pueden desencadenar hechos violentos, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones, por lo que recomienda que se busque el diálogo para resolverlos.

Según estadísticas de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), de los 28 diferendos territoriales locales, cinco están localizados en la región de occidente, ocho en el suroccidente y cuatro de están en el departamento de Quiché. Erick González, Director de Operaciones de la SAA, señala que los conflictos son de carácter departamental, municipal o comunal.

“La ausencia del Estado en estas regiones incentiva estos conflictos, a lo que se suma la impunidad que prevalece en el área. Son caldo de cultivo para que ilícitos como el narcotráfico, la trata de personas encuentren corredores libres para accionar”, asegura Rolando Yoc, Director de Investigación y Resolución de Conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos.

“Estos conflictos siempre involucran intereses de tipo partidista, económico, familiar, que buscan que se les reconozcan derechos sobre ciertos territorios”, explicó Yoc.

A estos problemas se les suma la falta de certeza jurídica, la cual debería de ser proporcionada por el Registro de Información Catastral, agregó.

Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación. señala que si este tipo de conflictos no se resuelve por la vía del diálogo podrían estallar en violencia tal como ha ocurrido en repetidas ocasiones.

“Las partes se deben poner de acuerdo para iniciar un diálogo. Si este no se cumple puede haber un estallido de violencia y eso es lo que hay que prevenir”, asegura Morales.

Luis Zapeta, Coordinador de la Pastoral de la Tierra de la Diócesis de Quiché, explica que la presencia de la Secretaría de Asuntos Agrarios se circunscribe a emitir dictámenes que no son vinculantes por lo que muchas veces, las partes no los toman en cuenta.

“La administración anterior dejo compromisos para resolver muchos casos pero viene el nuevo gobierno y los manda a mesas de dialogo”, se queja Zapeta, quien asegura que los lugares donde se producen incidentes, por lo general son regiones donde la fuerza pública es escasa.

Los diferendos

Entre los diferendos municipales, González menciona al que existe entre Ixchiguán y Tajumulco en el departamento de San Marcos y el de Nahualá y Santa María Ixtahuacán en Sololá, los cuales llevan más de cien años de existir.

“Hay comunidades que se disputan el limite jurisdiccional. Esto complica la situación porque los límites nunca han estado definidos. Además, siempre hay intereses de carácter político y también depende del apoyo de las municipalidades que disputan la jurisdicción”, asegura el funcionario.

El diferendo entre Nahualá y Santa María Ixtahuacán, en Sololá, se debe a que los dos municipios se disputan el uso de ocho nacimientos de agua localizados entre ambos. El conflicto ha desembocado en incidentes violentos entre los vecinos, en el último de los cuales, ocurrido en la última semana de julio, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil, la cual capturó a nueve personas por los hechos.

Entre tanto, el problema entre Ixchiguán y Tajumulco se debe a la jurisdicción de algunas aldeas también localizadas entre los dos municipios.

Para Gobernación, estos conflictos deben ser atendidos por el Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la sociedad civil antes de que al Estado se les salga de las manos.